Se encarga de supervisar la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas a través de su consideración de los informes de los Estados Partes, las quejas individuales y las quejas interestatales; solicitudes de acciones urgentes y consultas; y, su preparación de comentarios generales, declaraciones sustantivas y discusiones temáticas.
- México ratifico la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 18 de marzo del 2008.
- El 10 de junio de 2011 entró en vigor la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la cual reconoce los derechos consagrados en los tratados internacionales firmados por México en igualdad de condiciones con los derechos garantizados en la Constitución mexicana.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) esta autorizado para recibir y examinar quejas individuales relacionadas con violaciones a la Convención, si el Estado ha realizado la declaración necesaria conforme al Artículo 31 de la Convención. Aunque México ratificó la Convención desde el 2008, no ha aceptado la competencia del Comité para recibir quejas individuales.
A pesar de esta situación, IDHEAS ha utilizado el Artículo 30 de la Convención, que ofrece la posibilidad de presentar una petición al Comité con el propósito de que se busqué y localice a una persona desaparecida, con carácter de urgencia.
IDHEAS ha utilizado este procedimiento desde el 2014, solicitando Acciones Urgentes al Comité para localizar personas desaparecidas, así como medidas cautelares para proteger a familiares que realizan labores de investigación y búsqueda en condiciones de vulnerabilidad.
IDHEAS se destaca como la principal organización de la sociedad civil en México que utiliza este procedimiento, dando seguimiento a casos de desapariciones forzadas ocurridas en los estados de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, lo que representa un total de 144 víctimas directas y 56 víctimas indirectas.
IDHEAS acompaña las Acciones Urgentes, solicitadas de conformidad con el artículo 30 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de las siguientes víctimas desaparecidas:
Los señores David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, en las Acciones Urgentes AU 157/2015, 158/2015 y 159/2015.
Los señores Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Arrioja, José Ignacio Cruz González, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Damián Víctor Álvarez y Marco Antonio Ramírez Hernández (Formando Hogar), en las Acciones Urgentes AU 276/2016, 277/2016, 278/2016, 279/2016, 280/2016 y 281/2016.
Los señores Argenis Yosimar Pensado Barrera, Herón Miranda Godos, Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, Joshua Aldair Mendoza Castillo, Randy Jesús Mendoza Campos, Zaira (Sayra) Anaid Aguilar Arce, Jovani Gerardo Sol Ortega, Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, Diego Yahir Valerio García, Jesús Alberto Rosales García, Lehi Pérez San Juan, José Juan Hilario Santes, César de Jesús Santos Olmedo, Rey David Vázquez Muñoz, Iván Eduardo Castillo Torres, Jenny Isabel Jiménez Vázquez y Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez y las medidas cautelares de protección en favor de sus familiares, en las Acciones Urgentes AU 308/2016, 309/2016, 310/2016, 311/2016, 312/2016, 313/2016, 314/2016, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 a 325/2016.
Los señores Jaciel Ramírez Ramírez, Leví Ramírez Ramírez y Rafael Armando Ramírez, en las Acciones Urgentes AU 366/2017, 367/2017 y 368/2017.
El señor Francisco Herrera Rivera, en la Acción Urgente AU 399/2017.
[Véase los casos Marín Yan, Formando Hogar, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familia Ramírez Ramírez y Francisco Herrera Rivera]
Logros
Mayor visibilidad de la magnitud del fenómeno de la desaparición forzada en México y las graves deficiencias en la capacidad de las autoridades para la búsqueda, investigación, protección y asistencia a los familiares de las víctimas.
Reforzamiento de las estrategias de litigio interno mediante los estándares y criterios del Comité.
Mayor presión política sobre las autoridades mexicanas a nivel federal y local.
Mayor protección y asistencia a familiares de personas desaparecidas.
- Las víctimas se inscribieron en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), lo que les ha permitido el acceso a asistencia médica y psicológica, becas para alimentos, vivienda y escuela, ayudas financieras, entre otras medidas de asistencia.
- Se tomaron medidas para evitar que los familiares de personas desaparecidas sean víctimas de violencia y acoso durante acciones de búsqueda en hospitales, centros de detención, servicios médicos forenses y fosas clandestinas.
- Se tomaron medidas para proteger a los familiares de personas desaparecidas cuya vida e integridad física pueda estar en riesgo.
Aspectos positivos durante la investigación
- La observación del Comité sobre la colusión entre las instituciones judiciales locales y el crimen organizado ha sido útil para garantizar que la Fiscalía General se haga cargo de la investigación de algunos casos.
- Las fiscalías locales han realizado esfuerzos para implementar estándares internacionales en las investigaciones.
- Se han implementado medidas para investigar la desaparición de personas de acuerdo con el Protocolo Estandarizado de Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de Desapariciones Forzadas.
- Se alcanzó un acuerdo con la Fiscalía General para que se realicen análisis de contexto, con el fin de examinar todos los elementos que muestren la existencia de un patrón de comportamiento en casos de desaparición en donde las autoridades municipales estén involucradas.
- Se hicieron esfuerzos para involucrar a familiares de personas desaparecidas en nuevas acciones de búsqueda en hospitales, centros de detención y servicios médicos forenses.
- Mejor coordinación interinstitucional para el intercambio de información en la búsqueda de personas desaparecidas.
Localización de personas desaparecidas
- Exhumación e identificación de cinco personas en fosas clandestinas en los estados de Guerrero, Veracruz y Sinaloa.