– Desestima peritaje independiente que acredita tortura en contra del profesor Manuel Germán Ramírez Valdovinos, privado de su libertad durante 21 años por un delito que no cometió.
– El 26 de mayo del 2000 fue detenido de manera arbitraria y violenta por elementos de la Policía Judicial del Estado de México. Posteriormente, fue golpeado y torturado para obtener la confesión de un supuesto homicidio. Fue sentenciado a cuarenta años de prisión.
Ciudad de México, 17 de septiembre de 2021.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) cerró el expediente de queja del profesor Manuel Germán Ramírez Valdovinos al concluir que “no cuenta con las evidencias que corroboren las irregularidades de las que se dolió (sic)”, pese a que existe un peritaje independiente que acredita los actos de tortura de los que fue víctima en el municipio de Acolman, Estado de México.
De acuerdo con un dictamen técnico, el peritaje independiente fue realizado bajo los lineamientos y principios del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”. Sin embargo, la CODHEM desestimó esta prueba y señaló en su oficio de conclusión que tiene mayor relevancia un peritaje elaborado por la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el año 2016 — que niega los actos de tortura— por “ser un organismo público que no tenía interés en beneficiarlo o perjudicarlo”.
Esta decisión incumple con el artículo 37 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que establece que “no podrá restarse valor probatorio a los dictámenes médico-psicológicos por el hecho de haber sido realizados por peritos independientes”. Además, del derecho que tienen las víctimas a presentar, en cualquier momento, todos los medios de prueba que estimen convenientes.
Al respecto, el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT), en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, instó a las autoridades del Estado mexicano a “asegurar que se respete en la práctica el justo valor probatorio de los informes de peritos médicos y psicólogos independientes acreditados”. Así como a “considerar la creación de institutos de medicina legal y ciencias forenses, que ejerzan sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos”.
Desde la sociedad civil hemos denunciado reiteradamente la falta de independencia de los peritos y la falta de recursos humanos debidamente calificados para realizar las evaluaciones tanto en las procuradurías estatales como en las comisiones de derechos humanos.
La queja fue iniciada el 22 de octubre de 2013, es decir, han transcurrido ocho años sin que exista una determinación clara en la que se valoren todas las pruebas que obran en el expediente. Frente a ello, y en representación del Sr. Valdovinos, presentaremos un recurso de impugnación con el propósito de visibilizar las omisiones en las que ha incurrido el organismo y lograr la reapertura del expediente de queja.
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