Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.
El Estado mexicano será examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU los días 4 y 5 de noviembre de 2026. En este marco, I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron hoy ante el Comité una intervención oral sobre el informe El costo de la búsqueda. Asimismo, una contribución escrita fue presentada ante el Comité. El mensaje es que, junto a las más de 133,000 desapariciones en el país, existe una crisis paralela: el deterioro de la salud y de los derechos económicos, sociales y culturales de quienes buscan.
I(DH)EAS ha abordado de manera sostenida la documentación de las afectaciones a la salud de los familiares. En 2021 participó en una Audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta crisis, pero las recomendaciones y acuerdos derivados de esa sesión han sido sistemáticamente desconocidos por el Estado. Tras publicar un primer informe en 2023 sobre la materia y enviar nuestra contribución al Séptimo informe periódico ante este Comité, recientemente en 2025 se publicó una segunda edición ampliada de la investigación.
Entre los hallazgos principales se encontró que las personas buscadoras, en su gran mayoría mujeres, desarrollan o agravan padecimientos crónicos como diabetes, cáncer, hipertensión, desprendimiento de retina, obesidad y enfermedades autoinmunes. El estrés extremo también provoca afectaciones visuales severas y pérdida de piezas dentales por bruxismo; El 66% de las 249 personas encuestadas ha sufrido accidentes o lesiones durante las búsquedas en campo, labor que corresponde al Estado; niñas, niños y adolescentes quedan frecuentemente en orfandad, al cuidado de adultos mayores, con riesgo de deserción escolar y de reclutamiento por el crimen organizado; y , la búsqueda a tiempo completo provoca pérdida de empleo y de seguridad social. Además, la atención está centralizada y las familias deben costear largos traslados, por lo que muchas abandonan sus tratamientos.
El informe documenta que las Comisiones de Atención a Víctimas exigen acreditar un «nexo causal» entre la desaparición y la enfermedad para acceder a servicios médicos o reembolsos de medicamentos y de atención en salud mental. Esa determinación suele ser tomada por personal jurídico, de trabajo social o administrativo, sin formación médica, con una interpretación restrictiva que niega la atención de forma sistemática. En salud mental, la respuesta es revictimizante: hay insuficiencia de personal y, en algunos casos, se pide a las familias «hacer el duelo» o «cerrar ciclos» cuando la persona aún no ha sido localizada.
Qué se solicita al Estado mexicano:
- Garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de todas las Comisiones de Atención a Víctimas y para los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en todas las entidades.
- Implementar un sistema robusto de recopilación y sistematización de datos para eliminar las barreras burocráticas y garantizar el derecho a la salud integral.
- Asegurar que la CEAV y las CAV desarrollen programas de apoyo psicosocial individual, familiar y colectivo, basados en un diagnóstico de necesidades de cada entidad, que incluyan a infancias, adolescencias y personas cuidadoras.
- Adoptar una política integral de salud para familiares de víctimas de desaparición, con un marco normativo específico que asegure la presencia y capacitación adecuada de profesionales de la medicina y la psicología en la CEAV y las CAV.
Buscar a quienes nos faltan no puede costarnos la salud ni la vida. Es una obligación del Estado, no de las familias.
La ponencia fue presentada por Linda Ruíz, en representación de I(DH)EAS y de los colectivos firmantes.