El pasado 11 de marzo de 2018, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos presentó la Guía Práctica sobre Derechos de las Víctimas en el Senado de la República, documento que explica de manera resumida y didáctica los derechos que se reconocen en la Ley General de Víctimas y los procedimientos para exigir su cumplimiento por las instituciones públicas.
Durante la presentación, se hizo un balance en torno a la implementación de la Ley General de Víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades. Sólo 14 entidades federativas han realizado una armonización legislativa integral y 17 de forma parcial; en Guanajuato acaba de iniciar el proceso de armonización con la Ley de Víctimas. Doce entidades aún no instalan su Comisión de atención a víctimas local; en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México no hay quien atienda a las víctimas.
Hay un total 23,655 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, de las cuales 19,398 registros son del orden federal y 4,257 de las Comisiones estatales. Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Tabasco son las 15 entidades que no tienen un Registro Estatal de Víctimas.
También preocupa la ausencia de personal suficiente dentro de la Asesoría Jurídica Federal, la cual cuenta con 152 asesores jurídicos, cada uno gestionando un promedio de 105 casos. Tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como las Comisiones locales carecen de recursos financieros, humanos y técnicos, lo que impide el registro de las víctimas al registro y/o acceso a las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral previstas en la Ley.
Jérémy Renaux, Subdirector de IDHEAS y Coordinador del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, hizo un llamado al Gobierno Federal para convocar a la brevedad al Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el fin de definir líneas de acción para una pronta y eficiente aplicación de la Ley General de Víctimas.
«El tema de los derechos de las víctimas durante muchos años ha sido ignorado. Tenemos una Ley General de Víctimas desde el año 2013, sin embargo su implementación ha sido muy lenta. Nos parece muy positivo que dentro del Senado haya interés en el tema de la atención a víctimas”, subrayó durante su intervención.
En su participación, Lucía Díaz Genao, Coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz, detalló la situación en la que se encuentran las víctimas de desaparición en la entidad; señaló que las seis mil denuncias por desaparición que se tienen en Veracruz no son una cifra realista, ya que, tan solo desde el Colectivo Solecito, se han tomado unas dos mil quinientas muestras géneticas a familiares de personas desaparecidas, de las cuales el 75% no ha puesto una denuncia debido a falta de confianza en las autoridades.
“La función de la CEAV ha quedado muy por debajo, nosotras no estaríamos en esta situación si estuvieran cumpliendo. Necesitamos un Comisionado que salga de su oficina, dé la cara a las víctimas e implemente la de manera efectiva la Ley de Víctimas”.
Lucía Díaz, Coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz
La Senadora Citlalli Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, refrendó su compromiso para modificar las fallas y deficiencias en la atención a víctimas, y para impulsar que los congresos locales avancen en los procesos de armnonización de su marco local con la Ley General. “Sólo mediante un proceso de parlamento abierto, con foros y diálogos en donde participen las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, se podrán generar los cambios que la Ley General de Víctimas necesita”, concluyó.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, Director de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expresó su preocupación por la ausencia, desde hace más de año y medio, de un Reglamento de la Ley General que de certeza a las víctimas sobre los procesos y procedimientos para el acceso a sus derechos. El Director de IDHEAS hizo un llamado al Senado de la República para que el Comisionado Ejecutivo, Sergio Jaime Rochin del Rincón, sea llamado a comparecer y a rendir cuentas sobre su gestión al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Juan Carlos Gutiérrez – Director de Idheas 
Laura Curiel, Coordinadora del Colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia por Nuestros Desaparecidos del Estado de México 
Diana Gutiérrez, Coordinadora del Colectivo «Uniendo Esperanzas», del Estado de México. 
A raíz de la desaparición de su hija, Ivette Melissa Flores Román el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, Sandra Luz Román Jaimes tuvo que huir de su hogar para preservar su seguridad. Su salud se vio mermada y la CEAV ha obstaculizado su acceso a medidas de apoyo para poder cubrir gastos de tratamiento médico. 
Salvador Herrera Rivera, hermano de Francisco Herrera Rivera, desaparecido el 24 de febrero de 2015 en Tampico, Tamaulipas. 
Adela Alvarado Valdez, madre de Mónica Alejandrina Alvarado, desaparecida el 14 de diciembre de 2004 en Ecatepec, Estado de México. 
Carmen Carranza es víctima de desplazamiento forzado interno; su pareja fue víctima de tortura por parte de la Policía Municipal de Taxco, Guerrero, el 28 de abril del 2013.
Por último, Laura Curiel, Coordinadora del Colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia por Nuestros Desaparecidos del Estado de México, señaló que las víctimas no van a aceptar una modificación a la Ley General que no contemple su participación. “Sin la inclusión de las víctimas no es posible”, sentenció.