La CNDH formuló su Recomendación por Violaciones Graves No. 89/2023. En ella estableció la responsabilidad de agentes del Estado mexicano en la desaparición forzada de seis jóvenes de la colonia Formando Hogar, en el Puerto de Veracruz, ocurrida a finales de 2013 por parte de elementos de la Policía Naval de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Agencia Veracruzana de Investigación, de la entonces Procuraduría General de Justicia. Asimismo, determino que los jóvenes fueron victimas de diversas las violaciones a la libertad e integridad personal, a la seguridad jurídica, a la inviolabilidad del domicilio, a la verdad y a la integridad personal de los familiares, de las víctimas, así como al interés superior de la niñez, toda vez que dos de las personas desaparecidas eran menores de edad.
En su recomendación, la CNDH tomo en cuenta el contexto que imperaba en el Estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en el que se cometieron violaciones graves a derechos humanos en el marco de «operativos de limpieza» que llevaban a cabo, de manera coordinada, las corporaciones federales y locales de seguridad pública que se encontraban en el Estado; al respecto, señaló:
“Las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de que fueron objeto V1, V2, V3, V4, V5 y V6, ocurrieron en el contexto en el que la función de la seguridad pública antes descrito fue conferido vía colaboración a la autoridad Naval, es decir a miembros de la SEMAR motivado por la ineficacia de las autoridades civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para atender tal función prioritaria…”
En este sentido, recomendó a la SEMAR, así como al Gobernador y al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, llevar a cabo, entre otras medidas: la reparación integral del daño; realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por violaciones graves a los derechos humanos; garantizar que la información relacionada con la actuación operativa de los elementos adscritos a esas dependencias, que sea objeto de investigaciones de derechos humanos, sea digitalizada y debidamente conservada; se integre la resolución a las Averiguaciones previas respectivas, a efecto de que se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones que la sustentan; continuar con la integración y perfeccionamiento de las indagatorias mediante la instrumentación de un plan de trabajo específico y solicitar la colaboración de las comisiones de búsqueda federal y local del estado de Veracruz, para realizar un Plan Integral de Búsqueda en favor de los jóvenes desaparecidos.
Al respecto la señora Perla Damián, madre de Víctor Álvarez Damían, una de las víctimas de la desaparición forzada subrayó que: “Esta recomendación es [resultado] de la lucha, valentía, esfuerzo y, sobre todo, el amor de las madres, que, en afán de encontrar a nuestros hijos, estamos en la lucha, junto con nuestros defensores de derechos humanos.”. Además destacó que esta recomendación reafirmó “lo que siempre había dicho (…) que hubo violación a los derechos humanos por parte de queines debían velar por la seguridad de cada ciudadano”. Finalmente, exhortó a las autoridades a aceptar las recomendaciones para no perpetuar y encubrir las acciones del pasado.
IDHEAS, como representantes de las familias de los jóvenes, saluda la recomendación y exhorta a su efectivo cumplimiento por parte de las autoridades señaladas como responsables. Al respecto, es pertinente señalar que estos hechos también han sido denunciados ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En especifico cuentan con Acciones Urgentes de Búsqueda emitida por el Comité, las cuales en su momento fueron negadas por la Fiscalía de Veracruz, y después de un litigio estratégico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determino que las Acciones de búsqueda ordenadas por la ONU son vinculantes y obligatorias para todas las autoridades, incluidas las dependencias federales.
Adicionalmente, IDHEAS rechaza la posición de la Secretaría de Marina, que se ha negado a aceptar la recomendación. Más aún, ve con gran preocupación que esta institución en un comunicado público niegue el cumplimiento de la Recomendación y litigue el caso de manera extemporánea, alegando que no se aportan elementos de prueba que permitan “acreditar dichas conductas, y máxime que, de contar con los mismos, estos no fueron proporcionados a esta autoridad, dejándola en un evidente estado de indefensión.”
Es pertinente recordar que estos hechos y otros casos sucedidos en el estado de Veracruz, han sido ampliamente documentados en el informe “Hasta encontrarlos: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad”. En el que se analizan en detalle los hechos y se destaca la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales, los cuales fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional.
Para concer más:
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/10/19/denuncian-desapariciones-en-veracruz-ante-la-corte-penal-internacional/https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/10/19/desaparicion-forzosa-en-veracruz-denuncian-22-casos-en-la-corte-penal-internacional-de-la-haya/