La extrema violencia e inseguridad, así como los altos índices de impunidad y corrupción en la República Mexicana, exigen la aplicación de una política de integral de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y la violaciones de Derechos Humanos que sea efectiva y genere resultados a corto, mediano y largo plazo. El número creciente de víctimas, así lo demanda.