Informe dirigido a las y los titulares de mandatos de procedimientos especiales para sus próximos informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la Asamblea General.
El SARS-COV2, que provoca la enfermedad denominada COVID-19, se suscitó en México a partir del 27 de febrero de 2020. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México, y el primer deceso por esta enfermedad ocurrió el 18 de marzo de 2020. Hasta el 14 de junio de 2020, se han registrado un total de 146,837 casos acumulados confirmados y 52,636 casos sospechosos, 22,398 casos activos y 17,141 defunciones por el COVID-19. Entre otras medidas para prevenir y controlar la epidemia en el país, el gobierno de México implementó entre el 23 de marzo y el 31 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia con el fin de incentivar el distanciamiento social. Desde el 1 de junio pasado, se implementa un semáforo semanal para cada entidad federativa con el fin de determinar las actividades económicas, educativas y sociales que se pueden realizar, y con ello avanzar en el levantamiento progresivo de las medidas de contención.
En este contexto, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C, el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas y la Federación Internacional por los Derechos Humanos le hacemos llegar este informe para brindar información a las y los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas sobre los principales resultados de nuestra investigación acerca de los efectos inmediatos de la pandemia de COVID-19 en el disfrute de los derechos humanos de las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida y la respuesta del estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, con sus obligaciones reforzadas de respetar, garantizar y proteger sus derechos humanos en este contexto de la pandemia.