Hace poco más de cuatro años desde que mi predecesora, Navi Pillay, fue invitada a México. Desde entonces ha habido desarrollos legislativos muy importantes, incluyendo la Reforma Constitucional de 2011 y las enmiendas que han pavimentado el camino para nuevas leyes generales que atienden dos de las más apremiantes problemáticas de derechos humanos: la desaparición forzada y la tortura. La adopción e implementación de estas dos leyes requerirá la activa participación de víctimas y organizaciones de la sociedad civil y ambas deberán cumplir cabalmente con los estándares internacionales de derechos humanos.