- En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se comprometió a convocar una mesa de trabajo para estudiar acciones que permitan atender a las familias.
- Esta audiencia se desarrolló en el contexto actual de más de 99,120 personas desaparecidas según cifras oficiales.
- Las organizaciones y colectivos destacaron que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, máxima instancia en la materia, lleva 8 años sin ser convocado.
- Las y los Comisionados de la CIDH señalaron que la temática de la audiencia es relevante para toda la región y exhortaron al Estado Mexicano a atender la problemática de manera urgente y prioritaria.
El día 17 de marzo del 2022, se llevó a cabo la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Situación del derecho a la salud de las y los familiares de las personas desaparecidas en México”, en la cual la SEGOB reconoció la ausencia del Estado en la atención de salud a las familias de las personas desaparecidas, y se comprometió a convocar una mesa de expertos y expertas, instituciones públicas como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que analice la problemática que viven los familiares de personas desaparecidas y proponga acciones para garantizar la protección a su derecho a la salud.
La audiencia fue solicitada por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., la Federación Internacional por los Derechos Humanos, y representantes de los Colectivos Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia; Familias de Desaparecidos, Orizaba-Córdoba; Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Hasta Encontrarles; Familias Unidas por Nayarit.
Los familiares de las personas desaparecidas que participaron en la audiencia en representación de sus colectivos, hicieron hincapié en el estado de indefensión en el que se encuentran frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y el criterio restrictivo e inconvencional que existe en la interpretación de la Ley General de Víctimas, al no otorgarles apoyo para la atención médica, argumentando que dichas afecciones y enfermedades no tienen relación con el hecho victimizante (la desaparición forzada).
Las organizaciones participantes solicitaron al Estado Mexicano replantear la interpretación del nexo causal entre el hecho victimizante y las afectaciones a la salud de las víctimas indirectas, atendiendo a una interpretación conforme al principio pro persona. Igualmente, se hizo hincapié en la necesidad de convocar de manera urgente al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es el órgano, de acuerdo a la ley, encargado de atender esta situación y que en ocho años nunca se ha reunido.
Durante la audiencia, se presentaron los peritajes de los psicólogos Carlos Beristain y Perla Guerra, así como de la activista en derechos humanos Eliana García, quienes reafirmaron que la desaparición de un familiar genera afectaciones en la salud física y psicosocial de las y los familiares, llevándolos a un estado de estrés crónico que impacta al sistema inmunológico de las personas y propicia la aparición de una serie de enfermedades como el cáncer, diabetes, ansiedad, hipertensión, entre otros problemas de salud crónicos y comorbilidades.
Igualmente, se presentó el resultado de dos estudios realizados con las familias de las víctimas de desaparición forzada; una encuesta realizada a 2,000 familiares cabezas de núcleo familiar en el programa social #yoapoyoparaencontrarles y otra elaborada por Idheas a 155 familiares, las cuales evidenciaron datos duros consistentes en las afectaciones que a nivel físico y psicoemocional surgen a partir de la desaparición de un familiar. Los resultados, además, mostraron que el estilo y calidad de vida de las víctimas indirectas disminuyó de manera radical y generó la aparición de enfermedades graves como consecuencia del hecho victimizante.
Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la la OACNUDH en México, recalcó en su intervención que “el problema de la desaparición tiene diversos ángulos, entre ellos la protección, reparación de las víctimas indirectas, el cual se extiende al goce de derechos sociales y que (…) muchas autoridades se desentienden de su responsabilidad, y que el goce y disfrute del derecho a la salud se vio afectado por las omisiones del Estado.”
La Comisionada y Relatora de DESC de la CIDH, Soledad García, reconoció, como se demostró con los datos presentados, la vulnerabilidad de las mujeres buscadoras y su resiliencia para sobrevivir al dolor prolongado que ocasiona la desaparición de un familiar y puntualizó que esta audiencia es relevante no sólo para México dado que se ha actualizado la cifra oficial de 99 mil 120 personas reportadas como desaparecidas, sino para toda la región, a tal punto que este tema debe estar en el centro de la agenda de los derechos humanos. Por tal motivo, solicitó al Estado atender esta problemática de manera categórica.
En un acto reparador y antes de finalizar la audiencia, Julissa Mantilla, Comisionada Presidenta de la CIDH invitó a los asistentes a recordar a Daniela Mabel, Santiago Eloir Pérez, Paolo Cesar Cano, Ivette Melissa, Fernanda Ruby Salcedo, hijos, hijas y familiares de las líderes de los colectivos que participaron haciendo uso de la voz en la audiencia: Laura Curiel, Alejandra Pérez, Sandra Luz Román Jaimes y Aracely Salcedo.