Las organizaciones firmantes, usuarias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión anunciada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de no renovar el mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones firmantes consideramos que dicha decisión no fortalece la institucionalidad de la CIDH y pone en riesgo su autonomía e independencia.
Los artículos 21 del Estatuto de la CIDH y 11 del Reglamento de la CIDH se refieren al nombramiento de la persona que ejerce el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a. En ambos casos, las normas señalan el importante rol de la Comisión Interamericana en este proceso. En particular, el artículo 21 referido establece que “para que el Secretario General pueda proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos en que se fundamenta.”
En el caso concreto, la CIDH informó sobre su decisión de renovar el contrato al Secretario Ejecutivo desde el mes de enero del presente año. Sin embargo, de la información pública disponible, no se cuenta con evidencia de la realización de un proceso previo de consulta del Secretario General de la OEA con la CIDH, para realizar la separación del Secretario Ejecutivo de conformidad con lo establecido por el Estatuto de la CIDH.
Según lo ha indicado el Secretario General, existe un informe de la oficina de la Ombusdperson que da cuenta de presuntas irregularidades de índole laboral y de un “caso sistémico al interior de la Comisión que requiere prontas medidas de corrección”.
Respecto de este tema, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que laboran en la Comisión Interamericana, así como en que se generen ambientes laborales propicios y libres de cualquier forma de acoso y discriminación.
Asimismo, señalamos la importancia de que existan canales de queja y denuncia idóneos, caracterizados por la independencia, la transparencia, que sean respetuosos del debido proceso de denunciantes y denunciados, y que estos lleven a los correctivos o sanciones correspondientes, en caso de establecer la existencia de situaciones de acoso o irregularidades de otro carácter, procurando evitar la repetición.
En ese sentido, hacemos un llamado urgente para que se aplique la Política de la OEA para la prevención y eliminación de todas las formas de acoso laboral, se hagan públicas las recomendaciones de carácter general que surjan del informe de la Ombudperson, salvaguardando la información de carácter confidencial de quienes denuncian, y se adelante el proceso ante la Oficina del Inspector General de manera que las respectivas denuncias puedan ser procesadas con la plena observancia de las garantías del debido proceso antes mencionadas.
Adicionalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a establecer garantías reforzadas para asegurar el diligenciamiento oportuno de denuncias sobre hechos que atenten contra un ambiente laboral libre de discriminación y violencia y para la formulación de recomendaciones que propicien un ambiente seguro de trabajo.
Las organizaciones recordamos que históricamente se han realizado procesos para fortalecer el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En ese marco, se han adoptado reformas reglamentarias para garantizar la autonomía e independencia de los órganos.
En este contexto, uno de los elementos que garantizan la autonomía de la CIDH es precisamente el rol preeminente de los y las comisionadas en el nombramiento de la persona que lidera la Secretaría Ejecutiva, a través de procesos transparentes participativos y meritocráticos con amplia participación de la sociedad civil. Esta prerrogativa de la CIDH es fundamental para preservar su independencia.
En ese sentido, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al diálogo, al respeto de los principios de autonomía e independencia de la Comisión Interamericana, para su funcionamiento efectivo como garantía de la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.
Instamos al Secretario General de la OEA a abstenerse de interferir en la autonomía de la Comisión Interamericana, a que se instauren los canales de investigación independientes que permitan dar un curso adecuado a las denuncias que existen, asegurando así el cumplimiento de todas las garantías para las partes, la transparencia en la gestión pública, y eventualmente, si corresponde, la determinación de responsabilidades y medidas de reparación.
Descarga el comunicado completo para ver las organizaciones firmantes.