El 4 de febrero el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED) solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger a Santiago Pérez Becerra en contra de cualquier acto de intimidación, hostigamiento o represalias derivadas de su participación en las investigaciones relacionadas con las desapariciones forzadas ocurridas en Nayarit.
El pasado 28 de enero hombres encapuchados entraron al domicilio de Pérez Becerra y con actos de violencia lo subieron a un vehículo, a pesar de haber sido advertidos sobre una grave lesión que el señor Santiago tiene en la espalda y por la que se encuentra convaleciente; posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Nayarit publicó información sobre los motivos de su detención, en términos que violan el principio de presunción de inocencia. Santiago se encuentra detenido por conductas delictivas supuestamente cometidas hace 14 años.
El Comité menciona estar preocupado por las modalidades de dicha detención, la cual tuvo lugar en un contexto de amenazas en contra de varias personas, organizaciones y colectivos dedicados a la búsqueda de las personas desaparecidas en Nayarit, y a la promoción y protección de sus derechos humanos.
En respuesta a una petición enviada el 1 de febrero por Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Justicia Transicional en México (JTMX), el CED también requirió al Estado mexicano:
- Explicar los motivos por los cuales la detención de Santiago Pérez Becerra tomó lugar en las circunstancias descritas y únicamente 14 años después de la orden de aprehensión, precisamente en un momento cuando han ocurrido varios actos de intimidación y represalias en contra de actores de derechos humanos en Nayarit
- Asegurar que sea respetado el derecho del señor Santiago a un juicio imparcial y justo, cumpliendo con los principios de debido proceso
- Garantizar que se preserve la salud e integridad del señor Santiago
El Comité pidió al Estado mexicano informar sobre las medidas adoptadas para cumplir estas recomendaciones antes del 3 de marzo de 2021.
Los actos de represión contra personas defensoras en la entidad suceden después de la emisión por parte del CED de acciones urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas, y que han servido para visibilizar la crisis de desapariciones forzadas e impunidad en Nayarit, así como la actuación en estos actos de exfuncionarios y funcionarios en activo.
El CED recordó que el Estado mexicano está obligado a garantizar que las personas de las que se supone han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación sobre denunciantes, testigos, allegados a las personas desaparecidas, defensores y quienes participan en la investigación.
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