Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC

 

La CNDH dicta medidas urgentes para proteger la salud de familiares de personas desaparecidas

– La resolución ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atender a las personas en 24 horas, reconociendo que existe grave riesgo para su vida e integridad física

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictó medidas cautelares para las 11 madres y padres de personas desaparecidas que, con el acompañamiento de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el pasado 15 de abril presentaron una queja colectiva contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por la violación de su derecho a la salud.

La resolución de la CNDH –notificada a Idheas el día de hoy– ordena a la CEAV atender de forma inmediata a las víctimas, toda vez que su vida e integridad física están en riesgo.

“Se advierte la posibilidad de que ocurran daños de imposible reparación, principalmente a la salud en sus aspectos físicos y emocionales, y puede traer como consecuencia una afectación grave a la salud y hasta la pérdida de la vida”, se lee en la resolución, dirigida a Erik Javier Martín, encargado de Despacho de la CEAV.

Ante la negativa previa de la CEAV de brindar acompañamiento y atención médica a las 11 víctimas, la CNDH ordena a la institución que en menos de 24 horas se implementen las acciones necesarias con instituciones de salud públicas o privadas para garantizar su salud. También ordena que se gestione el reembolso de los gastos que las víctimas han asumido de forma individual para su atención médica, que se les brinde asistencia legal y acompañamiento en el proceso.

Las madres y padres de personas desaparecidas que presentaron la queja son siete mujeres y cuatro hombres de entre 48 y 84 años de edad que han desarrollado graves enfermedades y padecimientos –tales como cáncer, diabetes y glaucoma– luego de la desaparición de sus familiares, y a quienes la CEAV les ha negado la atención médica de forma reiterada. Uno de ellos falleció de cáncer en 2019, también sin atención de la CEAV. La queja destaca que dos de las víctimas desarrollaron problemas de salud derivadas de sus actividades de búsqueda.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, manifestó que “esta decisión de la CNDH sienta un precedente importante para la protección de las víctimas que han sufrido la desatención del Estado, en particular de la CEAV, que se ha negado a proporcionar apoyo médico a las víctimas con el argumento de la supuesta inexistencia del nexo causal entre la desaparición de sus familiares y los problemas de salud que han desarrollado”.

Durante la presentación de la queja ante la CNDH la abogada Arely Varela expuso por qué Idheas rechaza este argumento. Si bien científicamente es imposible demostrar con precisión la causa de los problemas de salud que presentan las víctimas, debe operar el principio pro persona “siempre tenemos que interpretar en función de brindar la mayor protección posible a las víctimas, en este caso, sumado el deber de atender todas las consecuencias de la desaparición”. Esta interpretación tan restrictiva de la CEAV, señaló la abogada, atenta directamente contra su obligación del artículo 1 constitucional en relación con el derecho a la salud.

Desde Idheas seguiremos insistiendo en que en el trámite de queja se evalúe el comportamiento omisivo y negligente de los funcionarios de la CEAV, quienes están identificados y reiteradamente han negado la atención a la salud a estas personas.

Adicionalmente, hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación (Segob) y al subsecretario Alejandro Encinas para que en el cumplimiento de esta resolución convoquen de manera inmediata y urgente a una mesa de trabajo con la participación de las víctimas y sus representantes, peritos, médicos y psicólogos con perspectiva de derechos humanos, así como funcionarios de la Segob y de la CEAV para resolver de manera estructural la situación de las víctimas de la queja y muchas otras más que se encuentran en la misma situación.

Desde Idheas hemos observado que este problema es representativo de la situación de miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, por lo que requiere una atención estructural del Estado mexicano.

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