- Encuesta a cerca de 700 familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida devela una grave afectación de sus derechos en el contexto de la pandemia por Covid-19 .
- El Estado mexicano incumple con estándares internacionales para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia.
El día de ayer Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), a través de su Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas y con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la omisión del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, de adoptar medidas urgentes tendientes a mitigar los impactos de la crisis sanitaria por la Covid-19 sobre los derechos de las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida en México.
El informe entregado a la CIDH se realizó con base en los resultados de una encuesta en línea elaborada por las organizaciones, y contestada por 674 familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida, provenientes de 19 entidades federativas, entre el 20 y el 24 de mayo pasado. Personas encuestadas señalaron pertenecer a uno o varios grupos en situación de vulnerabilidad: del total de las encuestadas 87.95% son mujeres, 26.56% personas con discapacidad psicosocial, 14.84% personas adultas mayores, 7.27% personas en situación de desplazamiento forzado interno, y 1.78% personas indígenas.
El estudio confirma situaciones preexistentes de precariedad de las y los familiares de personas desaparecidas –como la inestabilidad económica y laboral o las afectaciones en su salud–, que se agudizaron con la llegada de la pandemia, particularmente para las mujeres, las personas mayores de edad y las personas con discapacidad.
Entre otros hallazgos, se observa que sólo una de cada cinco personas encuestadas tenía un empleo formal antes de la crisis por la Covid-19; mientras que dos de cada cinco declararon trabajar en la economía informal y una de cada cinco no tenía empleo. Los resultados arrojados revelan que la mayoría de las personas encuestadas viven en una situación de pobreza: 4 de cada 10 personas reportaron que su ingreso mensual antes de la pandemia era menor a los 2 mil 699 pesos mexicanos. A raíz de la emergencia sanitaria la mitad de las personas encuestadas declaró haber perdido su empleo (34.47%) o conservarlo pero con una reducción parcial o total de sus ingresos (16.03%).
Asimismo, 72.33% de las personas encuestadas indicó una reducción total o parcial de sus ingresos económicos, lo que ha generado que las familias tengan una mayor dificultad para comprar alimentos (38.51%), pagar la renta o hipoteca con el banco (28.16%) y conseguir medicamentos (19.09%). Lo anterior resulta sumamente preocupante considerando que 72.85% señaló tener a niñas, niños o adolescentes a su cargo.
Del mismo modo, la mitad de los y las familiares encuestadas reportaron dificultades para ser informadas sobre de la investigación de su caso (53.72%), para realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda (50.32%) y para agendar reuniones con las autoridades para el seguimiento de su caso (49.19%).
El estudio revela que, pese su acercamiento con las instituciones públicas, una gran mayoría de las víctimas no ha recibido apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19 (72.03%), por lo que consideran que el apoyo brindado por las autoridades hasta el momento ha sido muy deficiente o deficiente, siendo las peor calificadas las autoridades municipales (74.72%), seguidas de las autoridades federales (68.01%) y estatales (63.79%).
Idheas, el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas y la FIDH hacen un exhorto al Estado mexicano a erigir la atención a las víctimas como una verdadera política de Estado ante la crisis humanitaria que se vive en el país, así como a implementar una estrategia integral que le permita cumplir con sus obligaciones reforzadas de promover respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida en el contexto de la pandemia.
“A seis meses de nuestra audiencia temática con la CIDH sobre la crisis en materia de atención a víctimas en México, en la que reconoció la falta de coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) como el principal obstáculo, volvemos a acudir ante la Comisión para que intervenga y solicite al Estado mexicano información precisa y actualizada sobre las estrategias tomadas para la gestión sanitaria y socioeconómica de la Covid-19”, señaló Jérémy Renaux, subdirector de Idheas.