La familia de Mónica Ruth, desaparecida en Tlalnepantla en octubre de 2019 y posteriormente encontrada sin vida, un año después, dieron un paso importante en la búsqueda de justicia para su hija. Acompañadas por el equipo jurídico de IDHEAS, comparecieron hoy al Tribunal de Enjuiciamiento de Tlalnepantla, Estado México para escuchar el veredicto que condenó al primer responsable por su desaparición a la pena de 17 años y 6 meses.
Guadalupe Luna y Gonzalo Rojas, padres de Mónica, subrayaron la importancia de esta sentencia, pero también la necesidad de seguir con el proceso hasta que todos los responsables sean condenados. Por ello, recordamos que la Fiscalía General del Estado de México debe proceder a ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los demás acusados.
Isabel Suárez, abogada de Idheas y encargada del caso, señala que, si bien, el día de hoy se logró traer justicia a una de los miles de víctimas de violencia de género en el Estado de México, lo cierto es que este no es un caso aislado y todavía hay un largo camino por recorrer para que todas las niñas y las mujeres vivan una vida plena y libre de violencia. La abogada, reconoció la importancia del trabajo coordinado con las instituciones de procuración de justicia, en particular con la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia el Estado de México y la Comisión para Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México por su participación en este caso.
Finalmente, Juan Carlos Gutiérrez, Director de la organización señaló: En este caso, después de tres años arduos de trabajo, logramos trabajar con la fiscalía del Estado de México y representar a la familia exigiendo la aplicación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Después de dos años de audiencias ininterrumpidas, en la cual, se aportaron testimonios contundentes, pruebas periciales y argumentos jurídicos basados en estándares nacionales e internacionales que incorporaron la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género y que fueron presentadas ante el Juez para lograr la convicción plena y los elementos suficientes para determinar la responsabilidad penal de una de las personas responsables, quien fue condenado por incurrir en la conducta descrita en el Artículo 37 de la Ley General, que establece que “A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.”