El pasado 5 de agosto de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió un dictamen contra el Estado mexicano, en relación a la comunicación que en noviembre de 2015 presentó IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., en representación de los familiares de Christian Téllez Padilla. En el dictamen, el Comité requiere a México llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de la desaparición forzada de Christian. Además, estableció un plazo de 180 días para que el Estado mexicano informe sobre las medidas adoptadas[1].
Al respecto de la decisión, el Director de IDHEAS, Juan Carlos Gutiérrez manifestó en conferencia de prensa: “Nosotros observamos, hace unos años, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas era una ventana de oportunidad para abrir el camino de justicia en casos de desaparición forzada. En ese sentido, decidimos presentar tres casos, entre ellos el de Christian. La decisión del Comité es histórica, pues por primera vez un Comité de tratado de Naciones Unidas declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por desaparición forzada. La decisión tiene, además, una importancia especial para todas las víctimas de la desaparición forzada en el mundo por la forma en que el Comité tomó esta determinación”.
María Eugenia Padilla, madre de Christian, confió en que el presidente López Obrador «le cumpla a las víctimas» y no sólo responda afirmativamente en el caso de su hijo, sino en la resolución de las miles de desapariciones en el país.
“Para mi y para mi familia, ir a la ONU es gritar fuerte, es que todo el mundo sepa lo que le hicieron a mi hijo, a mi familia. La desaparición de Christian ha destruido a mi familia, la ha separado, por eso a veces estoy bien y otros días me caigo, lo que me levanta y me da fuerza es el querer volver a abrazarlo, escuchar su voz, por eso me pregunto, ¿cómo es posible que a la autoridades no les importemos? Con su indiferencia, la autoridad gubernamental ensucia la pérdida de nuestro familiar”.
Por su parte, el Representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, subrayó que el mensaje del Comité es que sí hubo una desaparición forzada, ello pese a que el Estado mexicano, en particular la cancillería, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, rechazó en todo momento durante en litigio internacional los argumentos de la familia y sus representantes.
«El Comité rechazó los argumentos ofrecidos por el gobierno anterior, que defendió que no hubo desaparición forzada. Desde el nivel más alto se intentó desacreditar a víctimas y familiares. El mensaje con este dictamen es que una alta instancia de Naciones Unidas rehúsa una forma de actuar del Estado que consiste en defender la línea de los perpetradores», subrayó.
En ese sentido, enfatizó que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene «la gran oportunidad de marcar una diferencia profunda en cómo va a tratar este caso», además de generar estrategias para la prevención de este delito y medidas de no repetición.
En su dictamen, el Comité consideró también que “las investigaciones realizadas no parecen haber sido rápidas ni exhaustivas, no se han adelantado con la debida diligencia, no han sido independientes e imparciales, y han sido inefectivas para esclarecer las circunstancias de la desaparición, la suerte y el paradero del Sr. Téllez Padilla, y para identificar a los responsables.”
Con base en este análisis, y en virtud del contexto de desapariciones imperante en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos, el Comité – teniendo en cuenta además, el contexto- consideró que el caso constituye una desaparición forzada. Es importante mencionar al respecto que de acuerdo con datos de la Fiscalía de Veracruz, de 2006 a 2016 se han registrado un total de 3 mil 600 denuncias por desaparición de personas, sin embargo, es posible que la cifra sea mucho mayor, ya que muchas personas no se atreven a denunciar. Desde 2017, en la entidad se siguen procesos penales contra mandos policiales y exfuncionarios del sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, involucrados en desapariciones forzadas.
La decisión conlleva el deber del Estado de reparar integralmente a las víctimas, el Comité señaló, asimismo, que México “tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.”
En este sentido, el Gobierno Federal tiene la obligación de cumplir de manera integral la decisión de la ONU y honrar las palabras del jefe del ejecutivo de dar prioridad a los temas de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada de personas. Asimismo, la cancillería debe pronunciarse sobre esta decisión vinculatoria para el Estado mexicano. Por último, llamamos al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación a que se conforme una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de dar cabal cumplimiento al dictamen del Comité.
Conferencia de prensa:
Entrevista en Milenio TV:
[1] Consultar la resolución completa: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f126%2fD%2f2750%2f2016&Lang=en