- A un año de la desaparición forzada de DAVID MENDOZA MARÍN, MARGARITA MARÍN YAN y ALFREDO ELÍAS MARÍN BUSTOS, los gobiernos Federal y Estatal han sido omisos y negligentes en la búsqueda y detención de los responsables.
- FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS SE CONCENTRARON HOY FRENTE A LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA DE AHOME
- SINALOA PARA EXIGIR JUSTICIA Y APOYAR LA DEMANDA DE LA FAMILIA
- EN EL ULTIMO AÑO SE HAN DENUNCIADO MÁS DE 50 CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN ESE MUNICIPIO
- A TRES POLICÍAS CON ORDEN DE APRENSIÓN POR LOS HECHOS SE LES CONCEDE EL DISFRUTE DE VACACIONES.
El 21 de julio de 2015, DAVID MENDOZA MARÍN, ALFREDO ELÍAS MARÍN BUSTOS y MARGARITA MARÍN YAN (quien contaba con 3 meses de embarazo) salieron de su domicilio en Ahome- Sinaloa para comprar vehículos viejos, cuando fueron detenidos por elementos de la policía municipal quienes en presencia de múltiples testigos los detuvieron arbitrariamente y subieron a sus patrullas. Desde ese día los tres jóvenes se encuentran desaparecidos.
Pese a que los policías que intervinieron en la desaparición se encuentran plenamente identificados, incluso tres de ellos cuentan con orden de aprehensión, el gobierno Sinaloa se ha visto rebasado por la complicidad de algunos de sus altos mandos, quienes han filtrado información permitiendo que estos policías puedan sustraerse de la acción de la justicia.
Es importante resaltar que ante la imposibilidad del gobierno Federal, como el Gobierno estatal de coordinar acciones de búsqueda y detención, los familiares han tenido que acudir ante instancias internacionales logrando obtener Acciones Urgentes por parte del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde I(dh)eas consideramos preocupante que desde 2015 se observe un ascenso en el número desapariciones forzadas cometidas por elementos de la policía municipal en la zona norte de Sinaloa, que de acuerdo a reportes de medios de comunicación señalan más de 50 casos de Desaparición Forzada, muchas de los cuales han sido cometidas con apoyo, según las denuncias, de altos mandos del área de Seguridad Pública del gobierno del Estado, en particular varios de los familiares señalan al jefe de la policía del Municipio de Ahome Gerardo Amarillas Gastélum, quien ante la pregunta de la madre de los tres jóvenes desaparecidos sobre la omisión en la captura de los policías implicados bajo su mando y con orden de aprensión por desaparición forzada respondió, “ellos no están en la comandancia se les autorizó disfrutar de sus vacaciones”.
La negativa de la PGR en indagar los hechos, ha originado que incluso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV) haya obstaculizado y negado la ayuda humanitaria básica como la atención hospitalaria, a pesar que la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero constató las secuelas de salud en el cuerpo y psicología de James y realizó al Presidente Municipal una recomendación por los hechos, la cual se encuentra incumplida en su totalidad.
El Juez en su resolución de amparo, recuerda que es obligatorio en estos casos aplicar el Protocolo de Estambul que obliga a los Estados a investigar con prontitud e imparcialidad todo caso de tortura con miras de identificar a los responsables de los hechos y facilitar su procesamiento, con lo cual la autoridad investigadora tendrá la facultad y la obligación de obtener toda la información necesaria para la investigación, y tendrá facultades para obligar a las personas que en ejercicio de sus funciones oficiales se hallaren presuntamente implicadas en torturas o malos tratos, a comparecer y prestar testimonio. Para tal fin podrá citar testigos, incluidos los funcionarios presuntamente involucrados.
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