Durante la presentación del Diagnóstico sobre niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en el Estado de México, familiares de desaparecidas denunciaron la falta de voluntad de autoridades ministeriales para indagar los casos de desaparición de mujeres, pese a la existencia de protocolos de búsqueda inmediata y de que desde 2015 el gobierno de la entidad está obligado a aplicar medidas que garanticen la seguridad de las mujeres, al menos en once municipios.
Elaborado por IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, basado en información oficial y la proporcionada por colectivos de familiares de víctimas, en el documento se resalta que la fecha límite para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) determine si decreta la AVG vence el próximo 28 de marzo, luego de que hace seis meses la dependencia, adscrita a la Secretaría de Gobernación, instara al gobierno de Alfredo del Mazo a tomar acciones para erradicar la desaparición de mujeres.
Silvia Chica Rinckoar, coordinadora del área de investigación en IDHEAS, resaltó que el pasado 25 de junio , junto con diversos colectivos del Estado de México, solicitaron la segunda Alerta de Violencia de Género por desaparición de mujeres, al demostrarse que mientras la media nacional muestra que el 75% de las personas desaparecidas son hombres y el resto mujeres, en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo, 46% de las víctimas son mujeres, “casi el doble de la tendencia nacional”.
Así, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), mientras en 2017 se registraban 35 mil 424 personas desaparecidas, de las que 8 mil 987 eran mujeres, mil 790 eran pertenecientes al Edomex, de las cuales el 55% corresponden a menores de edad. Además, mientras en 2015 las autoridades locales cerraron el año con 63 denuncias de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, dos años después el año concluyó con 206 denuncias, “lo que significa un incremento de 227%”. En cuanto al perfil de las víctimas, agregó que 37% eran estudiantes, lo que habla de la gravedad del delito entre los grupos más vulnerables de la sociedad.
La investigadora destacó que, del análisis de denuncias presentadas por desaparición de mujeres, sólo en 7 municipios de los 125 que comprende la entidad se concentra el 43% de las denuncias por desaparición, siendo estos Toluca, Ecatepec, Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Valle de Chalco, municipios que están dentro de los once considerados en la primera AVG por violencia feminicida, faltando en la lista Chalco, Naucalpan, Tultitlán y Tlalnepantla.
Entre las inconsistencias que arrojó la investigación es que mientras la Fiscalía General de Justicia estatal tiene un registro de mil 343 casos, el RNPED contemplaba 400 casos más.
“En las entrevistas con los colectivos de familias de víctimas hicieron énfasis en que las cifras oficiales no reflejan del todo la realidad, sino que existe una cifra negra, que se explica principalmente por el temor de las familias a sufrir represalias; por amenazas e intimidaciones de autoridades o de responsables de las desapariciones; por la desconfianza al sistema judicial y porque la gran mayoría de las familias tienen escasos recursos”, destacó.
Xanny Hernández, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, lamentó que no haya habido acciones contundentes para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres en la entidad, a pesar de que se mantiene vigente la primera Alerta. Agregó que de decretarse la Alerta de Violencia de Género por desaparición de mujeres y niñas, será fundamental el papel de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para la elaboración de un plan nacional con perspectiva de género.
Elsa Arista, de la asamblea vecinal Nos Queremos Vivas Neza, lamentó que a casi dos años de conformado el colectivo y de que desde hace cuatro haya una Alerta por violencia feminicida en la entidad, “no hemos visto que la violencia contra la mujer disminuya, por el contrario, se sigue exigiendo a los familiares de las desaparecidas esperar 48 horas para que regrese la víctima, cuando ese término no tiene fundamento legal”.
Laura Curiel, Diana Gutiérrez y Mayra González, de los colectivos Uniendo Esperanzas y Alondras Unidas del Estado de México, destacaron que su exigencia está acompañada de propuestas, por lo que presentaron la campaña #MujeresContraLaDesaparición, que tiene como finalidad promover el autocuidado y la solidaridad entre mujeres.