Uno de los policías implicados en la desaparición forzada de David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, fue visto en el Edificio del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa el pasado 1 de junio. Cabe destacar que esta persona cuenta con una orden de aprehensión dictada por el Juez de Control en materia Penal de los Mochis y que para acceder a las instalaciones tuvo que registrarse ante elementos de la Policía Federal, e incluso exhibir identificación oficial, lo que ocurrió sin que fuera detenida.
La orden de aprehensión se giró para su cumplimiento el 18 de abril del 2016, en contra de éste y otros dos policías municipales. No obstante, días después de que se dictaran las órdenes de aprehensión, los tres policías seguían llevando a cabo funciones para la municipalidad y, aparentemente, fueron beneficiados por sus altos mandos de un período de vacaciones, lo cual favoreció su posterior fuga.
Desde el momento de la denuncia hasta la fecha, las autoridades federales del Estado de Sinaloa han sido incapaces capturar a estos tres elementos, con el objetivo de llevarlos ante la justicia, ello se pone de manifiesto mediante el constante retraso en ejecutar las ordenes de aprehensión, así como la falta de voluntad para demostrar a las víctimas el interés por esclarecer el caso. La creciente impunidad en este caso ha provocado no solo la necesidad de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la situación de riesgo que enfrentan las víctimas, sino que dada la situación, otros organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se han pronunciado al respecto ordenando la búsqueda de los desaparecidos y la captura de los ex-policías involucrados.
Para i(dh)eas es indispensable que este caso pueda ser investigado de conformidad con las normas mexicanas, siendo necesario que se ejecuten estas órdenes de aprehensión y que se pueda contar con los testimonios de estos presuntos responsables de cara a tener información que permita dar con el paradero de las personas desaparecidas. El posible involucramiento de autoridades del Estado en casos de desaparición forzada, implica una grave violación a los derechos humanos y es por ello que resulta necesario que el mismo lleve a cabo investigaciones diligentes de cara a aclarar los hechos y combatir a impunidad de este caso.
Antecedentes
El martes 21 de julio de 2015, a plena luz del día, David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan, quien en ese momento se encontraba embarazada en sus primeros meses, fueron detenidos en la colonia San Rafael de esa demarcación cuando realizaban un negocio de compra y venta de vehículos. Desde entonces se desconoce su paradero.
Medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.