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La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de robustecer la protección del derecho que tenemos todas las personas a ser buscadas

El 11 de diciembre de 2013, entre las dos y las dos y media de la tarde, un grupo de policías y hombres vestidos de civil llegó a la aceitera “Reymi”, ubicada en la colonia Formando Hogar, en Veracruz. Con violencia y amenazas se llevaron a Víctor, un joven de apenas 16 años que trabajaba en ese lugar. Desde ese miércoles Víctor está desaparecido.

Su madre, la señora Perla, se encontraba en medio de su jornada laboral cuando recibió la noticia por teléfono; después de ir a la aceitera para saber lo que había ocurrido, Perla acudió a las autoridades pero éstas le negaron la búsqueda inmediata. Antes debían pasar 72 horas, le dijeron. 

Estando ahí Perla se dio cuenta de que su hijo no era el único joven desaparecido. Entre el 6 y el 11 de diciembre de ese año la Agencia Veracruzana de Investigación y la Secretaría de Marina realizaron un operativo  en la colonia Formando Hogar, en el que detuvieron de manera sistemática a varios jóvenes, cuyo paradero permanece desconocido hasta el día de hoy.

Las familias de Víctor, Ricardo Adrián, Pablo Darío, José Armando, Marco Antonio, Yonathan Isaac,  Ignacio y Vicente se toparon de inmediato con la inacción de las autoridades de Veracruz; una realidad que desafortunadamente siguen viviendo en todo el país miles de personas que buscan a un ser querido

En Veracruz habían transcurrido dos años sin avances en la búsqueda de los jóvenes ni en la investigación de sus desapariciones, por lo que las familias –acompañadas de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos– llevaron sus casos ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, firmada por México el 6 de febrero de 2007 y ratificada el 18 de marzo de 2008.

La ONU hizo lo que en mucho tiempo no hicieron las autoridades mexicanas: escuchar el reclamo de las familias y acompañar su búsqueda de verdad y justicia. 

El 12 de febrero de 2016, con la emisión de Acciones Urgentes –mecanismo humanitario para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas–, el Comité pidió al Estado mexicano llevar a cabo, entre otras medidas: acciones de búsqueda y localización integrales de los jóvenes, tomando en cuenta los indicios de participación de elementos estatales que pudieran estar involucrados e informar sobre las acciones implementadas. 

El Comité requirió a México tomar el contexto en que ocurrieron las desapariciones y disponer de todas las acciones encaminadas a identificar  plenamente todos los restos encontrados en las fosas ubicadas en Veracruz para ver si tienen relación con las víctimas, así como para trabajar contra la crisis forense a la que se enfrenta nuestro país.  

En suma, el Comité solicitó a México acciones concretas de búsqueda e identificación a las que están obligadas las autoridades mexicanas, en particular pidió a las autoridades correspondientes trabajar para encontrar a los jóvenes y para salvaguardar la integridad de sus familias que exigen el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades estatales incumplieron con estas medidas y, ante estas omisiones, en octubre de 2017 la señora Perla y sus representantes legales de IDHEAS, presentamos una demanda ante un juzgado de amparo. La jueza que conoció en primera instancia concedió el amparo y reconoció la omisión de las autoridades de investigar la desaparición de Víctor y de proporcionar a la familia el expediente de la investigación (a lo que tienen derecho); sin embargo, sobre la omisión de cumplir con las Acciones Urgentes, la juzgadora resolvió que, dado que las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de cumplir con ellas, no existe una obligación legal de su acatamiento forzoso por parte de las autoridades mexicanas. 

A solicitud de IDHEAS y dada la magnitud y el impacto social de la discusión jurídica, el amparo fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Después de varios años, este próximo miércoles 16 de junio de 2021, la Primera Sala votará la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para resolver si las Acciones Urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU son obligatorias para las autoridades en México. Es importante mencionar que el Comité de la ONU ha emitido 411 Acciones Urgentes para la búsqueda de personas en México, lo que nos ubica como el segundo país en el mundo con más acciones urgentes, sólo por detrás de Irak (480 Acciones Urgentes).

Las y los ministros tienen en sus manos la posibilidad de reconocer y honrar la lucha de Perla, Velia, Amelia, Angélica, Marisa y Nilvia, madres de los jóvenes desaparecidos forzadamente en la colonia Formando Hogar; así como la lucha de muchas de las familias que, cuando en México se les han cerrado todas las puertas para encontrar a sus seres amados, han tenido que acudir a organismos internacionales para encontrar una esperanza.

La Suprema Corte, además, tiene en sus manos la posibilidad de fortalecer su posición garantista sobre las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos respecto de las obligaciones del Estado mexicano, en una interpretación armónica del Artículo 1 de nuestra constitución y robustecer así la protección del derecho que tenemos todas las personas a ser buscadas de manera rápida y efectiva frente a un hecho tan grave como lo es la desaparición forzada de personas.

Ésta es la primera vez que un tribunal nacional se pronunciará sobre la obligación de las Acciones Urgentes, un mecanismo humanitario cuyo objetivo es que las personas sean buscadas y localizadas. Por su trascendencia, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y organismos públicos –entre ellos la CNDH y la Comisión Nacional de Búsqueda– hicieron llegar a las y los ministros una serie de amicus curiae con sus opiniones técnicas sobre la obligatoriedad de este mecanismo. 

Han pasado más de siete años desde que la señora Perla supo de la desaparición forzada de su hijo y desde que junto con otras madres integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz comenzaron a buscar a sus familiares en todos los rincones a los que han podido entrar.

“Yo no sé si a mi hijo lo voy a encontrar en una fosa de la frontera o si a alguien de la frontera lo voy a encontrar acá (en Veracruz). Para mí (las personas desaparecidas) son unos tesoros, ni con todo el oro del mundo me podrías pagar esa búsqueda, porque yo la hago de corazón”, explica Perla en el documental que retrata su historia, Abrir la tierra.

Y continúa:“Tengo la esperanza de que algún día se haga justicia y se señale a los responsables de las desapariciones forzadas en Veracruz”.

Preparamos este micrositio donde puedes encontrar más información, así como los amicus curiae que enviaron a la SCJN organizaciones nacionales e internacionales, instituciones y organismos públicos.

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