A un año de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se llevó a cabo el Conversatorio “Desaparición de personas: avances y retos en la implementación de la Ley General de Desaparición”, organizado por IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, con el apoyo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con el propósito de hacer una reflexión colectiva, entre organizaciones, víctimas, expertos y funcionarios públicos sobre los avances en su implementación.
Relatoría
Juan Carlos Gutiérrez, Director de IDHEAS, indicó que entre los avances se encuentran la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, la instalación del Consejo Nacional Ciudadano, la publicación del Protocolo Homologado de Investigación y la puesta en marcha del Programa Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, expresó su preocupación respecto a la falta de avances en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, así como del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, señaló que a pesar del plazo establecido en la Ley (que venció el 16 de abril de 2018), sólo 11 de las 32 entidades federativas han creado sus comisiones locales de búsqueda (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz). Además, ocho estados aún no han instalado su fiscalía especializada para la investigación de los delitos de desaparición forzada (Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Sonora).
Araceli Salcedo, representante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y quien por más de seis años ha buscado a su hija, Fernanda Rubí, desaparecida en Orizaba, Veracruz, lamentó que durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto la implementación de la ley se haya visto limitada por una serie de procesos burocráticos y la falta de compromiso de las autoridades.
Agregó que las familias han solicitado –desde hace varios meses atrás– remover por completo al personal ineficiente en la investigación y búsqueda: “se nos dijo que quienes han incurrido en esos delitos no iban a tener otro puesto y lejos de eso vemos una situación diferente. No vemos una verdadera remoción de personal, sino que las mueven a otros puestos”, comentó.
Por su parte, Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos planteó que la aprobación de la Ley –vigente desde el 16 de enero de 2018– representa un gran logro para las familias y la sociedad civil, sin embargo, destacó que los avances han sido mínimos y su puesta en marcha se ha dado “con extrema lentitud”, pues hay retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia Ley marca y, peor aún, el hecho de que siguen sucediendo tanto desapariciones forzadas como por particulares.
Posteriormente, Martin de Boer, Jefe Adjunto de la Delegación en México del Comité Internacional de la Cruz Roja, celebró el contar con una ley que permite encausar los esfuerzos para atender la grave crisis de desapariciones en México, por otra parte, señaló, “no podemos olvidar que se trata de un año más que se suma a una larga espera para ofrecer mayores resultados a las familias”.
“Es esencial garantizar que se cuente con el presupuesto suficiente y disponible en todo momento tanto para las acciones directas de búsqueda e investigación, como para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, fiscalías especializadas y demás autoridades que integran el Sistema Nacional de Búsqueda”, concluyó.
Durante la segunda mesa del Conversatorio, Humberto Guerrero, representante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, señaló que en la primera recomendación que emitió el Consejo, se concluyó que la falta de coordinación ha sido el principal obstáculo para la implementación de la Ley.
En dicha recomendación, el Consejo detalla las principales debilidades en la implementación de la Ley, entre las que destacan: la falta de recursos para la búsqueda de personas, el desconocimiento de la Ley por parte de las autoridades, deficiencias en el proyecto de Protocolo Homologado de Investigación y la falta de claridad en los procesos de participación de las familias.
Félix Santana, Director de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que el objetivo de la nueva administración es crear mecanismos de coordinación con dependencias y colectivos que tienen contacto directo con víctimas para una atención de manera integral, en donde las víctimas sean un elemento fundamental.
El funcionario explicó que la Comisión Nacional de Búsqueda arrancó su operación sin dinero. “Le asignaron un presupuesto de papel, que está en el Diario Oficial, pero que jamás se materializó: no hubo un sólo peso que se asignara para la CNB”, manifestó.
El Director de la Unidad de Análisis de Contexto de la Procuraduría General de la República, José René Gómez, señaló que a un año de la entrada en vigor de la Ley ha habido avances pero también estancamientos muy importantes, “al menos en nuestro control que llevamos de 26 acciones inmediatas que identificamos en la implementación de la ley, solamente se han logrado cumplir 7 acciones”, detalló.
Por último, Rocío Culebro, Directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, explicó que solo dos estados han armonizado su marco legal con la Ley, “llevamos un año y los avances han sido muy pocos, el ámbito federal debe impulsar a las entidades federativas, ya hay experiencias como en el estado de Veracruz y Coahuila que bien se pueden llevar a otras entidades”.
En este evento asistieron alrededor de 70 personas integrantes de organizaciones civiles, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organismos internacionales, instituciones públicas (CNDH, CEAV) y medios de comunicación.
Este evento fue organizado en el marco del proyecto “Combate a la impunidad para casos de desaparición forzada” financiado por la embajada de la República Federal de Alemania en México.
