En el marco del debate sobre la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV), las organizaciones de derechos humanos y víctimas en México se encuentran frente a la oportunidad de revisar y modificar en la Ley los esquemas burocráticos – incluidas las disposiciones reglamentarias de la Ley – que han impedido que se atiendan realmente las necesidades de las víctimas y que se garanticen, tanto sus derechos a la justicia, verdad y reparación integral, como el establecimiento de medidas de no repetición.