México es actualmente el Estado Parte con mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial. De acuerdo con los datos más recientes, México acumula 819 acciones urgentes acumuladas (2012–febrero 2026), se observan 40 nuevas acciones urgentes en solo cinco meses. (17 de septiembre de 2025 – 28 de febrero de 2026.)
El CED al terminar su periodo de sesiones presentó la actualización sobre las Acciones Urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 30 de la Convención. (19 de marzo 2026).
Sobre el informe se observan, respecto de México, los siguientes datos:
- 2,160 acciones urgentes registradas a nivel mundial (hasta el 28 de febrero de 2026).
- 819 corresponden a México (38 % del total mundial). (El segundo país es IRAK con 669 casos)
- 40 nuevas acciones urgentes contra México en solo cinco meses. (septiembre 2025–febrero 2026).
- 37 % de todos los nuevos casos globales del período se refieren a México.
- En su informe, el Comité reconoce cooperación formal del Estado Mexico (respuestas dentro de plazo), pero señala deficiencias estructurales reiteradas en las respuestas sobre acciones para la implementación.
- Ausencia de estrategias integrales de búsqueda con planes, cronogramas y coordinación efectiva.
- Retrasos graves en diligencias clave (videovigilancia, telefonía).
- Investigación insuficiente de posibles responsabilidades estatales.
- Protección inadecuada a familiares y buscadores, incluso en casos con medidas urgentes solicitadas por la ONU.
- Documentación de amenazas y represalias, incluida la desaparición de un padre buscador durante el proceso de búsqueda.
El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitaria, se ha convertido en el caso mexicano en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación.
Desde IDHEAS, consideramos que las cifras del más reciente informe del Comité contra las desapariciones forzadas, en el contexto actual que se debaten las cifras y datos sobre los números de casos de personas desaparecidas, se refleja la situación grave sobre el volumen y recurrencia de casos en México.
Es relevante mencionar que este informe se debe contextualizar en el marco de la discusión sobre la posible aplicación por parte del Comité del artículo 34 de la Convención que faculta al Comité a iniciar una investigación internacional cuando existan indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y enviar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
Un mecanismo excepcional y de emergencia se ha vuelto estructural y recurrente, lo que indica fallas graves y persistentes en búsqueda, investigación y protección.
DATOS ESPECÍFICOS SOBRE MÉXICO
Sobre las 40 solicitudes de acción urgente relativas a México registradas durante el periodo del informe se refieren a desapariciones ocurridas entre septiembre de 2011 y enero de 2026, de las cuales 13 en 2024, 16 en 2025 y una en 2026.
Las características de los casos fueron las siguientes:
Un total del 30% se refiere a desapariciones ocurridas en Chiapas (12 solicitudes de acción urgente); el 18% en Jalisco (7); el 12% en Guanajuato y Sinaloa (5 cada uno); el 10% en Oaxaca (4); el 5% en Baja California y Tamaulipas (2 cada uno); y el 3% en México, Aguascalientes e Hidalgo (1 cada uno).
Perfiles de las personas desaparecidas:
* 65% (26) hombres o niños
* 35% (14) mujeres o niñas
* 18% (7) menores, de los cuales 57% (4) niños y 43% (3) niñas
* 3% (1) persona mayor
* 3% (1) familiar que participó en la búsqueda de una persona desaparecida
La mayoría de las acciones urgentes registradas durante el período del informe se refieren a desapariciones colectivas en el contexto de la migración en Chiapas entre octubre y diciembre de 2024.
En Jalisco, varios casos involucraron presuntamente la participación directa de agentes estatales o individuos que se hicieron pasar por tales. En un caso, hombres armados que se identificaron como miembros de la fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo, y un video mostró una patrulla de la policía municipal en las cercanías. En otro caso, una persona fue presuntamente detenida por individuos que viajaban en vehículos con distintivos de la policía municipal, aunque posteriormente se informó a los familiares que tal operación no se había llevado a cabo. Según la información disponible, pasos clave de la investigación, incluyendo la identificación y entrevista de agentes estatales y el análisis de datos de video y geolocalización, parecen haberse retrasado o no haberse realizado.
En Guanajuato, un menor fue presuntamente sacado de su casa por individuos vestidos con uniformes militares. Testigos informaron haber visto a miembros de la Guardia Nacional deteniéndolo. El padre del menor, quien buscó activamente a su hijo y denunció la presunta participación de agentes estatales, desapareció posteriormente a pesar de la solicitud del Comité al Estado Parte de medidas cautelares de protección a su favor. Otros casos en el estado reflejan demoras en las acciones de búsqueda y esfuerzos limitados para examinar todas las hipótesis pertinentes, incluida la posible participación del Estado.
En Sinaloa, varias de las desapariciones reportadas ocurrieron en zonas afectadas por la intensificación de la violencia y disputas territoriales. El Comité recibió denuncias de que grupos criminales operan en ciertos municipios en contextos donde se ha reportado repetidamente la colusión o la tolerancia de agentes estatales. Entre los casos se incluyen personas secuestradas de sus hogares por hombres armados y desapariciones grupales ocurridas en el lugar de trabajo.
Con respecto a los casos más antiguos relacionados con desapariciones ocurridas hace más de ocho años (en Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato), el Comité está particularmente preocupado por la falta de progreso tangible en los procesos de búsqueda e investigación. Las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de los casos, según los informes, a menudo se limitaban a solicitudes formales de información a los centros de detención o a las instituciones sanitarias, sin búsquedas exhaustivas sobre el terreno, análisis forenses ni una exploración completa de las hipótesis de investigación.
El Comité también registró acciones urgentes relacionadas con presuntas desapariciones forzadas en el contexto de trata sexual o reclutamiento forzoso por parte de grupos delictivos. Un caso se refiere a la desaparición de una joven en Guanajuato en septiembre de 2025, y otro a la desaparición de un niño en Jalisco en junio de 2025. En ambos casos, el Comité recibió denuncias de colusión entre agentes del Estado y delincuentes.
En varios estados, la información presentada al Comité también reflejó obstáculos a la participación de los familiares; su limitado acceso a los expedientes; largos períodos sin información y amenazas o intimidación vinculadas a sus esfuerzos de búsqueda que no fueron debidamente investigadas.
El informe puede ser consultado en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2F30%2F2&Lang=en
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