El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de los asuntos humanitarios y de derechos humanos. En la rendición del informe, el CED reafirmó su decisión de que se discuta con carácter urgente la situación de México por el plenario del organismo multilateral.
Nueva York, 20 de octubre de 2026. En el informe presentado este martes, el CED insistió sobre su decisión, de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de que la situación de México sea abordada por la Asamblea General, dada la existencia de indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en el país como crímenes de lesa humanidad. Igualmente, enfatizó la importancia de este procedimiento para movilizar el apoyo internacional en la adopción de medidas preventivas que permitan a México enfrentar la crisis de forma eficaz.
Desde la FIDH, IDHEAS, su organización miembro en México, y los colectivos de familiares de personas desaparecidas abajo firmantes, agradecemos el trabajo realizado por el CED. Su decisión goza de todo nuestro respaldo, ya que da cuenta de la existencia de crímenes internacionales que son emblemáticos de lo que viven las víctimas en el país y busca contribuir en la adopción de medidas orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estas conductas.
La situación de México ya está en la agenda de la Asamblea General de la ONU. Ahora solo falta que se identifique el momento más oportuno y la mejor forma para discutirlo. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Estados parte de la Asamblea a que diseñen un mecanismo que permita una amplia participación de las víctimas de México y la región en el estudio de la grave situación del país. Asimismo, instamos al Estado Mexicano a que aborde la implementación de este procedimiento de manera constructiva.
La asistencia técnica internacional puede ser una oportunidad central para fortalecer la investigación y procesamiento de las desapariciones forzadas, especialmente, el tratamiento de los patrones de colusión de servidores públicos y el crimen organizado. La investigación efectiva de las diversas formas de connivencia, participación, aquiescencia u omisión de las autoridades públicas en la comisión de estos crímenes sigue siendo un asunto pendiente, que no sólo ha reforzado su impunidad estructural, sino que ha incidido en su repetición.
A propósito del anuncio realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su reforma integral y fortalecimiento interno, es fundamental que en este proceso se tomen en cuenta las solicitudes que los familiares de personas desaparecidas han formulado de forma reiterada en materia de administración de justicia. En primer lugar, es imperativo que la Fiscalía avance en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, para lo cual, debe comprender su carácter sistemático, a través de la identificación de los patrones en los que se enmarcaron.
En segundo lugar, se debe abrir la discusión en el país sobre mecanismos de justicia transicional o que reconozcan la colaboración eficaz en el proceso penal. De esta forma, se otorgarían instrumentos a las Fiscalías para otorgar beneficios penales condicionados a la entrega de información verídica y detallada que permita avanzar en la identificación de los responsables y las estructuras de corrupción que sustentan y favorecen las desapariciones forzadas.
La violencia ejercida por el crimen organizado es un flagelo internacional, frente al cual debemos avanzar en la construcción de una alianza mundial a favor de la vida y en contra de las políticas de terror, muerte y guerra. Por esta razón, es urgente que el Estado Mexicano acepte que la cooperación internacional basada en el respeto de los estándares de derechos humanos redundará en el fortalecimiento de sus esfuerzos para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, con respeto a la soberanía nacional y la seguridad humana.
Asimismo, el Estado debe entablar un diálogo con las familias de personas desaparecidas y sus organizaciones acompañantes que permita, por un lado, atender las demandas de verdad y justicia de las víctimas de las políticas de seguridad implementadas en el país. Por otro lado, complementar la Estrategia Nacional de Búsqueda con acciones especialmente dirigidas a los territorios donde los casos permanecen en la impunidad y las autoridades siguen fallando en la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.
Antecedentes: implementación del procedimiento del artículo 34 y reacción del Estado Mexicano
En abril de 2026, luego de que la FIDH solicitara la puesta en marcha del procedimiento del artículo 34, el CED concluyó que la información remitida por las organizaciones de la sociedad civil y el Estado le causaba suficiente preocupación para llevar la cuestión a la consideración de la Asamblea General. En su decisión, el CED señaló que, a partir de 2006, las desapariciones forzadas se incrementaron de forma exponencial en el país. De acuerdo con registros oficiales, a febrero de 2026, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a más de 130 mil. Frente a estos casos, la impunidad era casi absoluta.
La información analizada por el CED indicaba que, desde 2006, las desapariciones se cometían y se seguían cometiendo como crímenes de lesa humanidad, ya que se dirigieron contra la población civil y se produjeron de forma generalizada y sistemática en distintos momentos y partes del territorio mexicano. Este carácter se reflejaba no sólo en la masividad y extensión geográfica de los casos, sino además, en que seguían patrones criminales similares, en el marco de operaciones planeadas, evidenciando que su repetición no era accidental.
De acuerdo con el CED, la ejecución de las desapariciones forzadas en algunos casos era directamente atribuible a las autoridades públicas, y en otros, a organizaciones criminales, como carteles del narcotráfico, que actuaban tanto de forma autónoma como en colusión con funcionarios estatales. Según afirmó, en muchos casos, la información disponible mostraba que el crimen organizado perpetró las desapariciones forzadas “con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal”.
Con la remisión de la situación de México a la Asamblea General de la ONU, el CED alertó al plenario sobre la necesidad de brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que las autoridades requirieran para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación exhaustiva de los casos. Pese a este llamado a la cooperación, el Estado Mexicano reaccionó de forma negativa a la activación del procedimiento del artículo 34 por parte del CED. En un comunicado oficial, el Gobierno rechazó su decisión calificándola de tendenciosa, carente de rigor jurídico y basada en premisas que no correspondían a la realidad. Además, atacó a los integrantes del mecanismo internacional, señalando supuestos conflictos de intereses que interfirieron en la imparcialidad de su labor.
Firman:
Organizaciones
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Tejiendo Redes Infancia
Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)
Colectivos de familiares de personas desaparecidas
Colectivo Familias Unidas por Nayarit
Colectivo Madres Igualtecas En Busca de sus Desaparecidos A.C
Colectivo En Búsqueda en Verdad y Justicia, Nayarit.
Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba . A.C
Colectivo Buscando Vidas y Justicia por México. A.C
Colectivo “Buscame”, Buscando Desaparecidos – México. A.C
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A. C. “FAMUN”
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M)
Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro.