Entre 2011 y 2017, Nayarit fue gobernado por Roberto Sandoval Castañeda, quien a su vez nombró como Fiscal General del Estado a Edgar Veytia Cambero. De acuerdo con diversos informes, Sandoval y Veytia montaron una estructura criminal al interior de la Fiscalía de Nayarit, desde la cual establecieron alianzas con distintos grupos de la delincuencia organizada, como es el caso del Cartel de Sinaloa (2011); los Beltrán Leyva (2012-2016); y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (2017 en adelante).
Estas alianzas criminales le permitieron a la Fiscalía de Nayarit establecer una especie de monopolio respecto a la violencia en el espacio público, así como de la incidencia criminal en el Estado. Por otra parte, la estructura criminal montada al interior de la Fiscalía de Nayarit colaboró con estos grupos de la delincuencia organizada especialmente a través del ataque selectivo a grupos rivales, práctica conocida como limpia de plaza. Los beneficios de estas alianzas no se limitaron únicamente al aspecto monetario derivado de los sobornos provenientes del narcotráfico, sino que también le permitió a las autoridades de Nayarit presumir de una aparente pacificación del Estado, o como algunos periodistas le llamaron, la pax narca.
Es importante señalar que la Fiscalía General del Estado de Nayarit, bajo el mando de Edgar Veytia, desempeñó un papel activo en cuanto a la comisión de distintos crímenes perpetrados en contra de la sociedad como lo fueron: despojos de inmuebles y tierras; secuestros; extorsiones y; desapariciones forzadas.
Tras la detención de Edgar Veytia por parte de autoridades estadounidenses en marzo de 2017 y la posterior derrota electoral del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a la gubernatura de Nayarit en junio de ese mismo año, los casos de desaparición de persona incrementaron alarmantemente, cuyas víctimas fueron principalmente hombres que rondaban entre los 16 y 35 años. De acuerdo con cifras oficiales, se encuentran reportadas 804 personas desaparecidas en el Estado, sin embargo, los colectivos de familiares de personas desaparecidas alertan sobre un subregistro de los casos. Además, I(dh)eas y diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas han señalado la existencia de patrones generalizados y sistemáticos en la desaparición forzada cometida por elementos de la fiscalía estatal.
I(dh)eas, en colaboración con cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas de Nayarit (Familias Unidas por Nayarit, Por Nuestros Corazones, Renacer por Amor a Ellos y En Búsqueda de Verdad y Justicia), solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, emitir Acciones Urgentes para que el Estado mexicano tome todas las medidas necesarias para la búsqueda, pronta localización e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en el Estado de Nayarit entre abril de 2012 y mayo de 2020.
En la comunicación enviada a dicho Comité, I(dh)eas y los colectivos citados, denunciaron que no existe voluntad política de la Fiscalía General del Estado de Nayarit de esclarecer los hechos y de detener a los responsables materiales e intelectuales. Existe una clara omisión por parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en investigar de forma efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial. Al respecto, I(dh)eas ha informado que siguen cometiéndose desapariciones forzadas en la entidad.
En respuesta a dicha solicitud, en la resolución del 24 de agosto de 2020, el Comité emitió 39 Acciones Urgentes para los casos de las personas desaparecidas presentados y dictó una serie de medidas al Estado mexicano; por ejemplo:
- Establecer de inmediato una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva de las 39 personas desaparecidas y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto y patrones;
- Asegurar la competencia, imparcialidad e independencia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas del estado de Nayarit;
- Garantizar el acceso de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Nayarit a los expedientes penales de las víctimas;
- Adoptar todas las medidas que sean necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda (…), en particular informar si se ha investigado al personal de la Fiscalía y de la Policía que haya tenido posibles vínculos con el accionar delictivo del exfiscal Edgar Veytia y su posible relación con la desaparición de las 39 personas;
- Permitir a los familiares de las víctimas “desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda de las 39 personas desaparecidas, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento”;
- Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la identificación de las necesidades de las víctimas: psicológicas, jurídicas, médicas y económico-sociales y para que los procedimientos de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas o de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) permitan su acceso oportuno y eficaz a las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral previstas en la legislación nacional.
En diciembre de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una diligencia en Nayarit en seguimiento al cumplimiento de las Acciones Urgentes adoptadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Como resultado de esta visita, la FGR determinó la atracción de los 39 casos de desaparición relativos a las Acciones Urgentes, así como de otras carpetas de investigación relacionadas con desapariciones de personas ocurridas en el Estado entre 2011 y 2020.
En represalia, en los meses posteriores se estableció en Nayarit un clima de persecución en contra de aquellas personas que denunciaron los crímenes perpetrados desde la Fiscalía del Estado. Pues tan solo entre 2020 y 2021 se tienen registrado que al menos 15 personas que se desempeñaban como testigos en las investigaciones de la FGR, asesores jurídicos y líderes de colectivos de personas desaparecidas sufrieron atentados. Por otra parte, también se documentaron casos en los que desde la Fiscalía de Nayarit se criminalizó y persiguió a testigos y líderes de colectivos, incluso iniciándoles procesos y privándolos de la libertad, acusándolos de pertenecer a la delincuencia organizada. Así mismo, se documentaron casos en los que la propia Fiscalía de Nayarit presionó a las víctimas para que realizaran falsas acusaciones en contra de sus compañeros.
A la fecha, distintos colectivos de familiares de personas desaparecidas han advertido que diversos funcionarios que formaron parte de la estructura criminal montada por Edgar Veytia y que estuvieron involucrados en las desapariciones masivas de 2017 siguen adscritos a la Fiscalía de Nayarit, o se desempeñan en tareas de seguridad en diversos municipios de Nayarit. Por otra parte, algunas víctimas de desaparición aparentemente fueron localizadas posterior a la adopción de las Acciones Urgentes, sin embargo, en muchos casos la restitución de sus restos a sus familias fue sin ningún tipo de procedimiento de identificación, e incluso las familias han señalado que la restitución les fue condicionada a la aceptación de los restos sin ningún dictamen que pudiera garantizar la identidad de su familiar.
Finalmente, es menester mencionar que algunos de los casos dentro de las 39 Acciones Urgentes fueron documentados en el informe “Estructura Criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad”, el cual, fue presentado en el año 2021 ante la Corte Penal Internacional por colectivos de familiares de personas desaparecidas en compañía de IDHEAS y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) , denunciamos la participación activa por parte de la Fiscalía del Estado de Nayarit en las desapariciones masivas suscitadas en esta entidad entre 2011 y 2017, y destacamos que estos hechos fueron hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, situación que hasta la fecha no ha sido reconocida por parte de las autoridades del Estado mexicano