[Ciudad de México, 11 de mayo de 2026] – Saludamos la reciente publicación del Informe sobre desapariciones en México, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este valioso documento devela la inmensa magnitud de la grave crisis humanitaria y de la emergencia forense que atraviesa el país, reflejada en la dolorosa cifra de más de 128.000 personas desaparecidas y la existencia de más de 70.000 cuerpos no identificados bajo resguardo del Estado.
El informe de la CIDH reconoce el incansable e irremplazable rol de las familias y colectivos, quienes ante la pasividad institucional han encabezado las labores de búsqueda a costa de su propia seguridad y vida. A pesar de los recientes avances en la legislación y la instauración del Sistema Nacional de Búsqueda, vemos con profunda preocupación que los esfuerzos del Estado mexicano continúan siendo insuficientes para desmontar una impunidad estructural alarmante. Un doloroso reflejo de esta realidad es la escasa efectividad de la justicia penal, con una tasa de judicialización en la jurisdicción federal de tan solo un 1,52% estimada por los colectivos de la sociedad civil.
Por lo expuesto, hoy exigimos que el compromiso del Estado frente a esta tragedia no se estanque en meros discursos u ordenamientos normativos, sino que se convierta en acciones reales y efectivas en el día a día para afrontar verdaderamente esta crisis.
Asimismo, demandamos enérgicamente que este compromiso efectivo se refleje frente a las recomendaciones emitidas por todos los organismos internacionales sin distinción alguna. Tal y como alerta la CIDH, el Estado debe superar de inmediato y abandonar toda práctica de «negacionismo», la cual solamente perpetúa la impunidad, debilita las respuestas institucionales y bloquea el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
El trabajo de instancias fundamentales del sistema de Naciones Unidas, como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), ha sido clave para exhibir la connivencia o aquiescencia estatal en crímenes cometidos por la delincuencia organizada. Por tanto, la respuesta oficial de México no puede consistir en objeciones formales o rechazos a las legítimas observaciones de los órganos internacionales. Todo escrutinio y acompañamiento internacional debe ser acogido en su totalidad para lograr, entre otras reformas indispensables, revertir la nociva militarización de la estrategia de seguridad pública y fortalecer los deberes de prevención focalizados en las poblaciones de mayor riesgo, tales como mujeres, niñas – niños y adolescentes, personas migrantes, población LGBTTTIQ+ y personas defensoras.
Para comenzar a revertir este desolador panorama, resulta urgente que el Estado mexicano realmente escuche a las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que el único espacio de encuentro no sea la presentación de informes internacionales, que garanticen, por encima de cualquier otro interés, que las familias permanezcan siempre en el centro indiscutible de las búsquedas, investigaciones y de la toma de decisiones.
Desde IDHEAS continuaremos acompañando a los colectivos y familias hasta alcanzar la verdad, la justicia y la reparación integral. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Hasta encontrarles!