Informe Anual
Defensa, justicia
y memoria en derechos humanos

Ivette Melissa Flores Román

El Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición de Ivette Melissa, ocurrida en 2012. Primer dictamen en la historia del CEDAW en materia de desaparición forzada en México.

Antecedentes y hechos

Ivette Melissa Flores Román, una joven de 19 años, fue víctima de desaparición forzada la noche del 19 de octubre de 2012. Un comando armado, con rostros cubiertos y vestidos de negro, ingresó violentamente a su domicilio en Iguala, Guerrero, tras balear la puerta de entrada.

El caso está marcado por un contexto de violencia de género previa: Ivette Melissa sufrió persecución y acoso físico y psicológico por parte de su expareja. Se presume la participación de agentes del Estado en su desaparición, específicamente de la Policía Ministerial, lo que configura el delito como desaparición forzada.

Litigio estratégico

IDHEAS ha acompañado a la Sra. Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa y fundadora del colectivo «Madres Igualtecas», en un proceso de litigio que ha abarcado más de una década.

• Acompañamiento y protección: gestión de medidas de seguridad para Sandra Luz ante el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, incluyendo vehículo y personal de seguridad federal.
• Incidencia en la investigación: solicitud de cambio de Ministerio Público por falta de perspectiva de género, revictimización y negativa de acceso a la averiguación previa.
• Búsqueda individualizada: coordinación de mesas de trabajo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para inspecciones en predios específicos de Iguala como «Tijeritas», «El Huerto», «La Fermín Rabadán» y «La Marranera».

El dictamen histórico de CEDAW

IDHEAS elevó el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, obteniendo el primer dictamen en la historia de este organismo en materia de desaparición forzada en México.

• Reconocimiento: el Comité reconoció que la desaparición de mujeres es una forma extrema de violencia de género y discriminación, subrayando que el Estado mexicano falló en su deber de prevenir e investigar con la debida diligencia.
• Obligaciones del Estado: el dictamen obliga a México a realizar una búsqueda efectiva de Ivette Melissa, sancionar a los responsables y otorgar una reparación integral a su madre.
• Cumplimiento 2025: se logró la aprobación de la reparación del daño mediante el Fideicomiso de Decisiones Internacionales y, el 9 de mayo de 2025, el Estado mexicano realizó el acto público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública.

Impacto y precedente

Este caso ha transformado los estándares internacionales al obligar al Estado a implementar medidas estructurales para proteger a las mujeres y reconocer la intersección entre la violencia doméstica previa y la desaparición forzada. Representa un hito para las familias de desaparecidos al demostrar que el litigio internacional puede romper el ciclo de impunidad institucional en México.

Yonathan Mendoza Berrospe

La Secretaría de Gobernación ofreció disculpas públicas a la familia de Yonathan, desaparecido en 2013 cuando tenía apenas 17 años. El acto subraya la obligatoriedad de los mecanismos internacionales para casos de desaparición cometidos por agentes del Estado.

Contexto y antecedentes (2010–2016)

La desaparición de Yonathan se enmarca en un periodo de violencia extrema en Veracruz bajo la administración de Javier Duarte, caracterizado por un ataque sistemático contra la población civil por parte de corporaciones de seguridad estatales. La Policía Estatal —entonces bajo el mando de Arturo Bermúdez Zurita— actuó frecuentemente como una fuerza represora, ejecutando detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Hechos del caso

Yonathan Isaac Mendoza Berrospe tenía solo 17 años al momento de su desaparición.

• La detención: la noche del 11 de diciembre de 2013, agentes de la Policía Estatal y de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) irrumpieron de forma violenta y sin orden judicial en su domicilio en la ciudad de Veracruz.
• Modus operandi: testimonios de sus familiares indican que los agentes llegaron preguntando directamente por él, lo que sugiere una operación planificada y coordinada. Fue subido a un vehículo oficial y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

Litigio ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED)

IDHEAS asumió la representación del caso, elevándolo ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. El Comité determinó:

• Responsabilidad del Estado: existían indicios contundentes de la participación directa de agentes estatales en la privación de la libertad de Yonathan.
• Omisión en la búsqueda: las autoridades mexicanas no actuaron con la debida diligencia ni rapidez; la búsqueda de la verdad no puede depender exclusivamente de la iniciativa de los familiares.
• Calificación jurídica: el organismo internacional calificó formalmente el hecho como desaparición forzada en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Reconocimiento y reparación (2025)

• Disculpa pública: el 22 de agosto de 2025, la Secretaría de Gobernación encabezó un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública hacia la familia de Yonathan.
• Significado político: validó la lucha de las familias ante la impunidad estructural de Veracruz y reafirmó la obligatoriedad de los dictámenes de la ONU para el Estado mexicano.
• Admisión del Estado: durante el seguimiento, el Estado mexicano reconoció formalmente que Yonathan fue detenido por hombres armados con uniformes y vehículos oficiales identificados como parte de la policía naval y estatal.

Impacto en la lucha contra la impunidad

El caso de Yonathan ha sido integrado por IDHEAS en actualizaciones enviadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), utilizándolo como prueba de los ataques sistemáticos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Veracruz. Su resolución representa un paso crucial hacia la justicia en un estado que lidera las estadísticas nacionales de fosas clandestinas y desapariciones forzadas.

El costo de la búsqueda

Este informe documenta las graves afectaciones a la salud física y mental que sufren las familias —principalmente madres, esposas, hijas y hermanas— al asumir las labores de búsqueda ante la omisión estatal.

El documento es resultado de una investigación exhaustiva y participativa realizada por IDHEAS junto a diversos colectivos de familiares. Sistematiza cómo la omisión del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas ha transferido una carga física, económica y emocional devastadora a las familias, principalmente a las mujeres.

Hallazgos principales · La salud como daño colateral

La investigación revela que la búsqueda no solo es un proceso legal, sino un factor de deterioro biológico y psicológico sistémico.

Impacto en la salud física.

• Enfermedades crónico-degenerativas: aumento atípico de diagnósticos de diabetes, hipertensión arterial y afecciones cardiacas inmediatamente después de la desaparición y el inicio de las jornadas de búsqueda en campo.
• Deterioro por exposición: las buscadoras presentan problemas respiratorios y dermatológicos derivados de la exposición prolongada a climas extremos y sustancias en fosas clandestinas sin el equipo de protección adecuado.

Afectaciones psicoemocionales.

• Trauma secundario y duelo suspendido: la incertidumbre permanente impide el proceso natural del duelo, generando cuadros de depresión severa, ansiedad generalizada y TEPT.
• Culpa y estigma: las familias enfrentan una «muerte social» debido al estigma de las autoridades, que frecuentemente criminalizan a las víctimas directas e indirectas.

Precarización económica.

• Las familias destinan hasta el 70 % de sus ingresos a gastos de transporte, herramientas de excavación y trámites legales, lo que profundiza la pobreza y limita el acceso a servicios de salud privados ante la ineficiencia de los públicos.

Respuesta institucional deficiente

El informe denuncia que las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, Secretarías de Salud locales) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) fallan sistemáticamente en:

• Falta de enfoque especializado: el personal de salud no está capacitado para tratar a víctimas de desaparición, cayendo en la revictimización.
• Burocracia en las medidas de ayuda: el acceso a medicamentos y tratamientos especializados está condicionado a trámites excesivos que desgastan aún más a las familias.

Recomendaciones clave

• Programa nacional de salud para buscadoras: unidades de atención médica y psicológica especializada con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
• Reparación integral del daño: que las medidas de compensación cubran también el tratamiento de las enfermedades crónicas desarrolladas durante el proceso.
• Protocolos de autocuidado y seguridad: kits de bioseguridad y personal médico de acompañamiento obligatorio durante las brigadas.
• Capacitación sensible: formación obligatoria para el personal de salud y atención a víctimas para eliminar la estigmatización y la violencia institucional.
• Reconocimiento de la búsqueda como trabajo de cuidados: legislar para que la labor de búsqueda sea reconocida socialmente, garantizando licencias laborales con goce de sueldo.

Búsqueda con enfoque en
diversidad sexogenérica

Dos herramientas pioneras para visibilizar la desaparición de personas LGBTTTIQA+ en México, desarrolladas con participación directa de personas trans, familias y especialistas forenses.

Corporalidades que importan · Manual forense

Manual forense para la identificación de personas trans binarias y no binarias. Validado por personas trans y autoridades, sustituyó el concepto inicial de «protocolo» para adecuarse a la normativa institucional. El documento propone estrategias y acciones para implementar en los procesos de identificación y dignificar las vidas de personas trans binarias y no binarias aún después de la muerte.

¿Qué hacer frente a la desaparición de una persona en México?

Una guía sensible para actuar desde el respeto a la dignidad y a la diversidad sexogenérica. Contó con la retroalimentación de la Comisión de Búsqueda del Estado de México (COBUPEM), personas trans binarias y no binarias, defensoras y defensores de derechos humanos, personas expertas forenses y madres buscadoras de mujeres trans.

Hallazgos clave

• Obstáculos institucionales: las entrevistas con personas expertas forenses revelaron que los protocolos actuales (como los del INCIFO) obligan a registrar el sexo biológico ignorando las modificaciones corporales que indican una transición, lo que invisibiliza a las víctimas trans.
• Dignidad en la muerte: las personas participantes en los grupos focales subrayaron que la creación de estos manuales es un acto de dignificación, evitando que las familias biológicas que rechazan su identidad malgenericen sus cuerpos al momento del entierro.
• Perspectiva interseccional: la violencia no afecta por igual a todas las identidades; la feminidad trans es particularmente violentada por el sistema patriarcal, y el contexto geográfico (como la periferia del Estado de México frente a colonias céntricas en CDMX) determina el nivel de vulnerabilidad.

Contribuciones a la ONU 2025

Reconocimiento de la familia social

Se enviaron contribuciones clave al Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y a la CIDH, logrando que el Relator destacara en su informe de julio de 2024 la necesidad de garantizar los derechos de la familia social.

Participación ante órganos de tratados

Se remitió información al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU para la Observación General sobre mujeres y niñas, enfatizando que la entrega de cuerpos no debe depender únicamente del criterio del Ministerio Público, sino que debe respetar los vínculos de la familia elegida.