El 1 de febrero de 2021 Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Justicia Transicional en México (JTMX) solicitamos al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) y al Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas adoptar medidas de protección urgentes y efectivas en favor de Santiago Pérez Becerra, líder del Colectivo Familias Unidas por Nayarit (Cofaunnay), quien fue detenido de forma arbitraria por la fiscalía estatal.
El 28 de enero personas encapuchadas y sin identificarse entraron con violencia a la casa de Santiago Pérez y, sin orden de aprehensión ni lectura de derechos, lo detuvieron, violando el debido proceso; posteriormente, la Fiscalía General de Nayarit publicó un comunicado en el que informó que el señor Pérez es acusado de conductas delictivas supuestamente cometidas hace 14 años. Se le detuvo por una orden de aprehensión que data del 9 de octubre de 2006.
La detención del líder de Cofaunnay se enmarca en un clima de represión y hostigamiento en contra de personas que han denunciado la impunidad en casos de desaparición forzada, y que han aportado información para avanzar en las investigaciones, entre ellas, personas allegadas a la Comisión de la Verdad de Nayarit.
Santiago Pérez es padre de Santiago Eloir Pérez, joven víctima de desaparición forzada que fue encontrado junto con 20 personas en una fosa clandestina ubicada en Xalisco, Nayarit; su liderazgo y actividad han sido clave para mantener la exigencia de investigación, búsqueda e identificación.
La criminalización, estigmatización y actos de represalia de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en contra del coordinador del principal colectivo de familias de personas en Nayarit contraviene una de las medidas ordenadas por el CED, al buscar impedir o desincentivar el desarrollo de sus actividades para la búsqueda de personas desaparecidas, incluido su derecho a denunciar las desapariciones forzadas y la situación de la impunidad.
Estos hechos también se enmarcan en el contexto de la emisión de acciones urgentes por el CED para la búsqueda de 39 víctimas de desaparición forzada en Nayarit, a partir de las cuales se logró visibilizar la comisión de crímenes de lesa humanidad en la entidad, la impunidad estatal y la complicidad de exfuncionarios y funcionarios en activo de la fiscalía, ligados al exfiscal Edgar Veytia, sentenciado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. A la fecha el Estado mexicano no ha enviado información en relación con estas recomendaciones.
Las organizaciones solicitamos la intervención del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y al Comité contra las Desapariciones Forzadas pedimos que solicite al Estado mexicano:
- Adoptar las medidas de protección urgentes y efectivas para el defensor Santiago Pérez Becerra, así como preservar las condiciones de salud e integridad física.
En este mismo sentido, se prepara una comunicación a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, haciendo referencia a la situación de violencia que se vive en el estado.
Cabe recordar que –en el marco de estas acciones urgentes– el pasado 28 de enero de 2021 el CED concedió unas primeras medidas de protección para 16 integrantes de la organización ciudadana Comisión de la Verdad de Nayarit, conformada para denunciar los abusos de poder y corrupción en la entidad, incluyendo víctimas que acompaña, liderazgos, asesores legales y familiares, al ser perseguidos y amenazados por haber aportado información importante en relación con las investigaciones sobre las 39 víctimas de desaparición forzada en la entidad.
Exigimos a las autoridades de Nayarit detener el uso del aparato del Estado para criminalizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y para perpetuar la impunidad en los casos de desapariciones forzadas y de abusos de poder.
Contacto de prensa: comunicacion@idheas.org.mx, 55 2106 2332