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Pronunciamiento: Víctimas en Nayarit pedimos a AMLO atender nuestros casos

El día de ayer, en conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que solicitará a la Secretaría de Gobernación y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, revisar la situación en Nayarit a raíz que una reportera le preguntó su opinión sobre el proceso en contra del ex fiscal Edgar Veitya, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, y sobre la situación de acoso y persecución por parte de autoridades estatales de Nayarit en contra de familiares de víctimas de desaparición, testigos, líderes de colectivos de personas desaparecidas e integrantes de la Comisión de la Verdad.  

Entre 2011 y 2017, en Nayarit se desató una acción delictiva desde instituciones del gobierno, en la que decenas de ciudadanos fueron asesinados, secuestrados, extorsionados, despojados y violentados. En 2017, después de la detención de Edgar Veytia, la situación se agravó produciendo una ola de desapariciones forzadas, en las que están involucrados ex integrantes e integrantes de la fiscalía. Estos hechos fueron mecanismos articulados y coordinados entre sí. Esta estructura abarcó también a los poderes legislativo y judicial.

Los familiares de las personas desaparecidas y los integrantes de la Comisión de la Verdad hemos denunciado estos hechos ante las autoridades estatales y federales. No hemos tenido avances sobre la búsqueda de nuestros seres queridos ni de las investigaciones sobre los autores de las desapariciones. Tampoco ha existido verdad y justicia para todos los hechos que caracterizaron al terror que vivió Nayarit entre 2011 y 2017.

Al no encontrar respuesta por parte de las autoridades mexicanas, las familias de personas desaparecidas acudimos al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que en agosto de 2020 emitió acciones urgentes para la búsqueda de 39 personas desaparecidas. Hasta la fecha el Estado mexicano no ha respondido sobre las medidas para su cumplimiento, mientras las desapariciones continúan en aumento. Hoy son 997 personas las que oficialmente nos faltan, pero la cifra es mucho más alta de la que el gobierno reporta.

Nuestro llamado de justicia ante la ONU sirvió también para visibilizar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nayarit y la impunidad que persiste; pero también trajo como consecuencia acciones de represión, persecución y hostigamiento contra quienes exigimos justicia, incluidos integrantes de la llamada Comisión de la Verdad en Nayarit.

Esta Comisión está integrada por un grupo de ciudadanos y víctimas del terror, quienes en 2017 también nos agrupamos para exigir verdad y rendición de cuentas por los despojos y abusos del poder durante esa etapa imborrable en la vida de Nayarit. La Comisión ha documentado miles de testimonios e investigaciones sobre la estructura criminal que opera en el estado de Nayarit, razón por la cual hoy está bajo amenazas y asedio. 

A partir de diciembre de 2020, cuando integrantes de la Comisión aportamos testimonios ante la FGR sobre las desapariciones de personas en el estado y en las investigaciones ordenadas por la ONU sobre los hechos, se agudizó la persecución por parte de autoridades estatales.  

Juan Miguel Coppel Godoy, uno de los testigos que declaró ante la FGR, fue detenido y ha sido presionado para declarar falsamente en contra de los integrantes de la Comisión. Recientemente fue incendiado el negocio de otro de los testigos que declaró ante la FGR. Así mismo, Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión, sufrió dos atentados, en 2019 y 2020, que casi terminan con su vida. También los asesores legales de este colectivo ciudadano, Juan de Jesús Fonseca Ortiz y Juan Fonseca Díaz, han sido criminalizados, y a todo ello se suma una campaña de descalificación por parte de la Fiscalía del estado y un retroceso en las investigaciones impulsadas por la Comisión contra personas implicadas en los hechos, favoreciendo la impunidad. 

A los agravios descritos se suma la reciente detención arbitraria, el 28 de enero, del defensor de derechos humanos y líder del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, Santiago Pérez Becerra, quien en  2017 emprendió la búsqueda de su hijo, Santiago Eloir Pérez, víctima de desaparición; desde entonces el activista ha sido clave para mantener la exigencia de investigación, búsqueda e identificación. 

Por todo lo anterior organismos internacionales de Naciones Unidas y el Mecanismo de Protección a personas defensoras de los derechos humanos de la Segob, han exigido al Estado medidas de protección, sin embargo, la campaña de ataques no ha cesado.

Las víctimas en Nayarit nos hemos enfrentado a la impunidad sistemática y estructural. Quienes denunciamos las desapariciones forzadas y los abusos de poder generalizados en esta entidad exigimos justicia.

Pedimos al presidente y autoridades correspondientes:

  • La liberación inmediata de Juan Miguel Coppel Godoy y Santiago Pérez, quienes se encuentran detenidos y procesados por su trabajo como defensores de derechos humanos; solicitamos a la fiscalía local que desista de su intento de criminalizar a defensores de derechos humanos y asesores legales en estos esfuerzos;
  • Que se revisen todas las acusaciones y evidencias en contra del ex fiscal Edgar Veytia sobre su participación en crímenes de lesa humanidad, hasta hoy ignoradas
  • Las familias y víctimas enviaremos una carta al departamento de Estados Unidos para que se amplíe la investigación contra el ex fiscal por crímenes de lesa humanidad
  • Solicitamos su atención y pronunciamiento sobre las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de testigos, denunciantes y quienes colaboran con las investigaciones mencionadas.
  • Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel, seria y profesional, con colectivos de familiares de personas desaparecidas, personas defensoras de derechos humanos, integrantes de la Comisión de la Verdad, expertos y organizaciones internacionales, con el fin de analizar la problemática sistémica de Nayarit, particularmente los retos en materia de desaparición y otros crímenes atroces, y establecer estrategias para la justicia, verdad, reparación, memoria y garantías para la no repetición de estos casos.
  • Pedimos al gobierno federal responder a los llamados de las Naciones Unidas sobre la grave crisis de desapariciones forzadas e impunidad. Solicitamos a la Segob un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de estas decisiones.

Las víctimas y familias en Nayarit hemos luchado por verdad y justicia durante muchos años, hemos asumido cargas como ciudadanos que realmente corresponden al Estado, pero no vamos a parar.

Señor presidente, es momento de escuchar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en México y honrar su promesa de abatir la impunidad. Esperamos atentas.

Colectivo Familias Unidas por Nayarit

Colectivo en Busca de Verdad y Justicia

Colectivo Por Nuestros Corazones

Colectivo Renacer por Amor a Ellos

Organización ciudadana “Comisión de la Verdad de Nayarit”

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.

Justicia Transicional en México A.C.

Federación Internacional de Derechos Humanos

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