- La recomendación acredita violaciones graves a derechos humanos por la detención arbitraria y desaparición forzada de las víctimas, perpetrada por elementos de la Policía Militar y con aquiescencia de la Dirección Federal de Seguridad.
- A Más de 50 años persiste la impunidad en los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, sólo existe una condena respecto a un caso de desaparición forzada.
- La apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) contribuirán a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la Guerra Sucia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación por violaciones graves a derechos humanos 30VG/2019[1] dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Aurora de la Paz y Carmelo Cortés en febrero de 1976, quienes participaron de manera activa en movimientos revolucionarios durante la Guerra Sucia.
La CNDH llamó al Secretario de la Defensa Nacional y a la Secretaria de Gobernación a que reparen integralmente el daño a los familiares de las víctimas, incluyendo compensación, atención psicológica y tanatológica; que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se lleve a cabo una Disculpa Pública Institucional a los familiares.
Además, tanto la SEDENA como la SEGOB deberán proporcionar a la Fiscalía General de la República (FGR) la información y documentación que les sean requeridas, inclusive la existente en archivos históricos, para la debida integración, perfeccionamiento y determinación de la averiguación previa. De igual manera, llamó a investigar el grado de participación de los servidores públicos, con el propósito de determinar el alcance de su autoría material e intelectual, así́.como la cadena de mando correspondiente.
Para Catarino Hernández del Campo, hijo de Aurora de la Paz, la recomendación significa el principio del reconocimiento oficial de que sus padres fueron desaparecidos por el Estado mexicano, violando todas sus garantías como ciudadanos. “Esta recomendación reivindica su activismo y lucha social; es una oportunidad para que las víctimas de la Guerra Sucia accedan a la verdad y a la justicia”, señaló en conferencia de prensa.
Por su parte, Verónica Berber, abogada de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos y representante legal de los familiares de Aurora de la Paz, instó a las autoridades mexicanas a dar prioridad a las víctimas de la Guerra Sucia, pues es un asunto que han tenido pendiente durante más de 50 años. “Vigilar que todas las violaciones graves a derechos humanos cometidas durante la llamada Guerra Sucia sean investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad; que este nuevo gobierno cumpla con los compromisos y enjuicie a los verdaderos responsables de esta persecución política”, apuntó la litigante.
Cabe señalar, que en su más reciente informe[1], el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado mexicano:
- Intensificar las acciones de reconocimiento de responsabilidad, conocimiento de la verdad, búsqueda de las personas desaparecidas, generación y conservación de la memoria y reparación integral de las víctimas de los delitos cometidos durante la Guerra Sucia.
- Enjuiciar con prontitud todos los casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en dicho periodo, incluidos todos los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, identificar a los responsables, y garantizar que se les enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes.
Aurora de la Paz Navarro del Campo y Carmelo Cortés formaron parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre, del Partido de los Pobres y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Fueron detenidos en febrero de 1976 en el Estado de México y llevados a Acapulco, Guerrero, de acuerdo con un parte firmado por Guillermo Lira Murrieta, quien pertenecía a la Dirección Federal de Seguridad, desde entonces se desconoce su paradero.
Desde IDHEAS, saludamos el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intención de abrir los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la transferencia de documentos históricos al Archivo General de la Nación (AGN), lo cual aporta a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la Guerra Sucia y sus familiares. De igual manera, consideramos que esta recomendación permite revisar el funcionamiento de la Coordinación General de Investigación (CGI) de la FGR, la cual no ha avanzado en superar la impunidad que prevalece por los hechos ocurridos durante ese periodo, por lo que exhortamos al fiscal general a que revise su funcionamiento y atienda las instrucciones y voluntad presidencial para que se agilicen las investigaciones.
[1] CCPR/C/MEX/CO/6: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf