En los últimos días se ha suscitado una serie de discusiones a raíz de un comunicado de prensa publicado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En dicho comunicado se hizo pública la reducción del 75% de su presupuesto operativo como resultado de las medidas de austeridad señaladas en el Decreto publicado el pasado 23 de abril de 2020. Ante las circunstancias, la CEAV advirtió que “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”.

El ajuste correspondiente a los capítulos 2000 y 3000 en el marco de la política de austeridad no solamente implicaría la imposibilidad de pagar al personal contratado por servicios– por ejemplo de Asesores Jurídicos Federales– sino también de cubrir aquellos gastos inherentes a las actividades de acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En un contexto de crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes, en el que la situación de vulnerabilidad de las miles de víctimas que existen en el país se agudiza, el Gobierno mexicano continúa sin establecer como una prioridad de Estado el tema de la atención a víctimas. Incluso, el Gobierno parece desconocer la relevancia y la necesidad de contar con una estructura institucional que garantice efectivamente los derechos de las víctimas.

Al respecto, la titular de la CEAV ha señalado recientemente que la institución no cuenta con suficiencia presupuestaria para cumplir con las obligaciones que le impone la Ley General de Víctimas. Las debilidades institucionales de origen en la CEAV, como la falta de personal y recursos básicos para cumplir con su mandato de ley, se verán agudizadas por el recorte presupuestal, y serán las víctimas quienes sufran las peores consecuencias. Por el contrario, se requiere fortalecer a la CEAV para cumplir con todas sus obligaciones de ley, y dotarla de los recursos humanos y materiales necesarios para ofrecer asesoría jurídica victimal y garantizar el derecho de acceso a la justicia a los cientos de miles de víctimas en todo el país.

Desde hace varios años, organizaciones civiles y colectivos de víctimas hemos advertido sobre la grave crisis de atención a víctimas y las graves deficiencias de la CEAV. A pesar de ello, la Comisión Ejecutiva aún se caracteriza por su ineficiencia, apatía, burocracia, y opacidad propiciada por la ausencia de un reglamento interno pendiente de emisión desde el año 2017. Además de carecer de espacios para la consulta y participación de sociedad civil, colectivos de de víctimas, y víctimas. Por ello, organizaciones y colectivos de víctimas hemos solicitado en reiteradas ocasiones la creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y la realización de un profundo ejercicio de reingeniería institucional, tanto de su estructura como de sus procesos, a fin de eliminar obstáculos, eficientar su desempeño, y el uso de sus recursos.

Asimismo, organizaciones y colectivos hemos advertido que la atención a víctimas no es tarea exclusiva de la CEAV, sino de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), en los tres niveles de gobierno. No obstante, el pleno del SNAV no ha sesionado desde el año 2014, pese a que la Ley General de Víctimas establece que “deberá ser convocado por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del Presidente de la República”. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de una audiencia temática sobre la crisis en materia de atención a víctimas en México, señaló que el mayor obstáculo es la falta de coordinación y articulación de las instituciones que conforman al Sistema.

Además de los retos anteriormente expuestos, se incorporan los señalados por la CEAV en su comunicado, entre ellos, la grave acumulación de 453 juicios de amparo interpuestos en su contra. Es indispensable un análisis profundo sobre las fallas que generaron la situación actual. Asimismo, resulta de gran preocupación para los firmantes el paradigma adoptado por la CEAV que aparenta una estrategia para “defender los intereses del Estado”, alejándose de su máximo objetivo que es el de atender, defender y reparar– en condiciones de dignidad– a las víctimas.

Ante lo expuesto, las organizaciones y colectivos firmantes manifestamos lo siguiente:

Firmantes

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Luis María Barranco
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