Mujeres buscadoras de diferentes colectivos a lo largo de México cuentan el impacto que ha tenido la pandemia del Sars-CoV-2 en sus vidas, específicamente, en el acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Acusan que las autoridades no han presentado alternativas para continuar con las búsquedas e investigaciones. Las acompañamos en su camino por la búsqueda de verdad y justicia.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son derechos humanos que enuncian condiciones mínimas de vida que permitan garantizar la dignidad humana, específicamente hacen alusión a los siguientes derechos humanos: alimentación, agua y saneamiento, salud, vivienda digna, trabajo digno, educación, seguridad social, protección de la familia y acceso a la cultura.
México reconoce estos derechos en la constitución y en los tratados internacionales que ha ratificado, por tanto, tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. No obstante, pese a que el Estado se ha comprometido en el plano jurídico, la realidad es abrumadora: actualmente 10.8 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza extrema y 55.7 millones en situación de pobreza, lo que representa el 8.5% y el 43.9% de la población respectivamente, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
La emergencia sanitaria global por la pandemia del virus Sars-CoV-2 afectó gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone la COVID-19; así́ como sus impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de mediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.
En julio de 2020, IDHEAS alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la omisión del Estado mexicano de adoptar medidas urgentes para mitigar los impactos de la crisis sanitaria sobre los derechos de las y los familiares de personas desaparecidas en México. El informe enviado al organismo internacional confirma las situaciones preexistentes de precariedad de los familiares –como la inestabilidad económica y laboral o las afectaciones en su salud–, y cómo se agudizaron con la pandemia.
La Ley General de Víctimas establece un conjunto de medidas individuales y colectivas en beneficio de las víctimas, que posibilitan el goce efectivo de un amplio catálogo de derechos. En relación con el derecho a la salud, el Estado mexicano ha sido omiso en garantizar y proporcionar servicios de atención médica familiares de personas desaparecidas que han desarrollado graves enfermedades y padecimientos de salud luego de la desaparición de sus seres queridos, como cáncer, diabetes y glaucoma. Frente a ello, IDHEAS presentó una solicitud medidas cautelares ante la CIDH en representación de cinco familiares, madres y padres de personas desaparecidas, a efecto de que se adopten las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar su derecho a la salud.
Estas vulneraciones tienen como consecuencia el sufrimiento inevitable y angustia generalizada que, en muchos testimonios, familiares han asemejado con la tortura, pues deben enfrentar un contexto de impunidad e indolencia por parte de las autoridades y la sociedad, que les obliga a dejar sus vidas como las conocían para dedicarse de lleno a la búsqueda de sus familiares, pues saben bien que, si ellos no buscan, nadie más lo hará.
Como señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su declaración sobre la pandemia de COVID-19, es fundamental abordar el tema bajo la premisa de reconocer la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, con el propósito de comprender la dimensión y el impacto que tiene en la vida cotidiana de las víctimas de la desaparición de personas. Para encontrar a sus familiares, muchas veces, se ven obligados a abandonar su empleo, eliminando y/o reduciendo notoriamente sus ingresos, lo que impacta en su posibilidad de acceder a un sustento digno, además de afectar gravemente su estado de salud.
Al contexto de precarización, se suma una realidad imperante en nuestro país: las mujeres lideran la búsqueda de personas desaparecidas. El abordaje de cada una de sus situaciones debe realizarse desde una perspectiva de género e interseccionalidad, lo que nos permitirá develar que existen enfoques diferenciados para analizar cómo afectan estas violaciones de derechos a sus vidas. Desde enfrentar la discriminación de un sistema misógino que exige de ellas una abnegación absoluta a costa de su integridad, hasta el trabajo doméstico y de cuidados que las sobrepasan, pues sobre ellas recae la labor de crianza y de formación social; muchas de ellas son madres, quienes fungen como único sustento de sus familias. Un gran porcentaje de ellas trabaja en el sector informal y están más propensas a perder sus empleos, y quienes los conservan, realizan jornadas laborales por demás extenuantes.
Aunque la esperanza y el amor mueven a estas incansables mujeres en el anhelo por ver nuevamente a sus seres queridos, es imprescindible señalar que el Estado tiene una enorme deuda con ellas en todos los ámbitos. Un gran número de mujeres han desarrollado cáncer o enfermedades crónicas producto de la desaparición de su familiar,
además de las afectaciones emocionales y psicológicas que no tienen una atención adecuada por parte de las instituciones.
La crisis sanitaria ha fungido como una excusa perfecta para las autoridades, quienes se desligaron de sus responsabilidades, sin presentar alternativas para continuar con las búsquedas e investigaciones, y para encontrar a las miles de personas que hoy nos hacen falta. A pesar de que la principal medida para contener el avance del virus fue el confinamiento, resulta inverosímil (o no) que las desapariciones continúen, incluso que hayan aumentado en algunos lugares.
Mujeres buscadoras de diferentes colectivos a lo largo de México cuentan el impacto que ha tenido en sus vidas la pandemia. Agradecemos a Angélica, Araceli, Guadalupe, Marisa, Marisol y Velia, seis valientes mujeres de los estados de México, Veracruz y Guanajuato que nos comparten sus testimonios. Las acompañamos en su camino por la búsqueda de verdad y justicia.
Trabajo, vivienda y alimentación
A nivel internacional existen recomendaciones como la del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para adoptar con carácter urgente medidas especiales y específicas para proteger y mitigar los efectos de la pandemia en grupos vulnerables con la puesta en práctica de programas específicos para proteger los empleos, los salarios y las prestaciones de todos los trabajadores. El reto para el Estado mexicano consiste en implementarlas de manera adecuada, y en caso de que así sea, evaluar la manera en que pueden mejorar la calidad de vida de las personas.
Para muchas mujeres como Angélica María Berrospe, madre de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, desaparecido el 11 de diciembre de 2013 en el puerto de Veracruz; estas recomendaciones tienen poco o nulo impacto en su vida, pues no recibe ningún apoyo por parte del Estado. Angélica es trabajadora del hogar. Ante el desamparo institucional, se sabe sola. De acuerdo con el Observatorio de Género y COVID-19 en México, con la pandemia se han agudizado las condiciones de informalidad en las que se encuentran las trabajadoras del hogar, ocasionando despidos injustificados, reducciones de sueldo o suspensiones indefinidas de su trabajo. Angélica es el principal sustento de su familia, que está integrada por su hijo Yonathan y tres pequeños más; la casa donde habitan es prestada, después tendrá que buscar donde rentar al no poseer una vivienda propia. Confirma que con el sueldo que percibe “no alcanza para nada”, razón por la cual ha tenido que buscar otras formas de percibir ingresos, “me gusta hacer postres, me pongo a vender, hacer, buscar y vender cositas, chácharas o ayudar a otra persona que vende sabanas, cortinas para poder ganar otros pesitos más”, comenta.
El comercio informal es una alternativa que las personas han adoptado para incrementar sus ingresos, como en el caso de Marisa Arrioja Reyes, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz y madre de José Armando Cortés Arrioja, desaparecido el 06 de diciembre de 2013 en la colonia Formando Hogar del puerto de Veracruz. Desde antes de la contingencia sanitaria se dedicaba a vender plata, sábanas, cortinas, frazadas y cobertores, pero cuando comenzó la pandemia muchos de sus clientes le quedaron a deber o dejaron de comprarle: “me afectó, porque mucha gente se quedó sin trabajar, mucha gente ya no ganaba como antes”. Aunque Marisa no carga sobre sus hombros la responsabilidad de generar los ingresos para su familia, menciona que su ingreso disminuyó: “mi marido es chofer de transporte y lo que apoya son los estudiantes y ahorita no hay escuela, entonces bajó su sueldo a lo mínimo”. Marisa recibe un apoyo para canasta básica por parte del gobierno federal a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lo que le ha permitido sortear la alimentación de su familia.
Velia Aurora García Cruz, madre de Ricardo Adrián García Cruz, desaparecido el 09 de diciembre de 2013 en la misma colonia del puerto, señala que dejo de laborar desde hacer algunos años y que recibe un apoyo proveniente del gobierno federal, que es el único ingreso que percibe. Una parte la destina a sostener a la familia de su hija, pues a raíz de la pandemia, su yerno, que se dedica al mantenimiento de inmuebles, ha visto limitadas sus actividades: “la pandemia si nos ha afectado porque el esposo de mi hija no trabaja al cien, en todos lados les daba miedo que entrara otra persona a trabajar (…) a la gente le da temor contratar a alguien por los contagios y pues lo poquito que recibo lo tengo que compartir con ellos”. Más allá de los apoyos que reciben por su calidad de
víctimas indirectas, no han recibido apoyos extra por parte de ningún orden de gobierno para atender sus necesidades básicas durante la pandemia.
Salud
Araceli Salcedo Jiménez busca a su hija Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, quien desapareció el 07 de septiembre del año 2012 en la ciudad de Orizaba, Veracruz. A raíz de su desaparición, y al ver tantas omisiones por parte de las autoridades, fundó el Colectivo de familiares de personas desaparecidas Orizaba-Córdoba, desde donde ha tomado el liderazgo en la búsqueda de personas de la región. “Desafortunadamente cuando pasas por la desaparición de un hijo te vienen muchos tipos de desgastes, tanto emocionales como económicos y desafortunadamente la sociedad no se suma a todo lo que estás viviendo”.
Con la pandemia también llega la depresión, enfatiza Araceli, “porque se pararon las búsquedas, el seguimiento de les investigaciones y, sobre todo, la preocupación de que va a pasar con nuestros hijos desaparecidos, sigue pasando el tiempo y las autoridades, si uno no está ahí para picarles las costillas no hacen nada, bueno pues ahora imagínate con la pandemia”.
Actualmente, su familia no sólo se enfrenta a la búsqueda de Rubí, pues además de la pandemia, en junio de 2020 a Araceli le detectaron cáncer.“Enfrentamos un nuevo reto familiar. Gracias a dios siempre hemos sido unidos mis hijos y yo, pero pues eso no te aleja de la realidad, de lo que puede significar una enfermedad como la que ahora
estamos enfrentando”.
Araceli y su familia no tenían servicio médico antes de la pandemia; fue en un chequeo regular en el Hospital General de Río Blanco, Veracruz en donde le detectaron cáncer fase cuatro y le dijeron que necesitaba una cirugía urgente: “me canalizaron al CECAM en Xalapa y ahí fui revictimizada terriblemente porque los doctores me decían, sí, sí es grave y necesita una cirugía urgente, pero no la podemos operar ahorita porque tenemos cerrados quirófanos y los oncólogos están en resguardo”.
“No tengo el dinero como para solventar una cirugía ni algo particular, yo ya estaba negada a todo pero mis hijos me hicieron ver las cosas diferentes, y a raíz del apoyo de ellos empecé a ver a una doctora particular en la Ciudad de México que fue la que me dio todo el seguimiento hasta que me opera, exactamente mañana va a ser un año que me operaron, fue una cirugía mayor, de más de ocho horas y no solo la cirugía sino que lo que implicó todo eso, fue estudios tras estudios tras estudios, y fue una cirugía muy cara que afortunadamente pude pagar, vendiendo cosas, por mis hijos y por parte por las personas que se enteraron y me apoyaron”. Con sus propios recursos, Araceli ha salido adelante a pesar de ver mermados sus ingresos por el fuerte gasto que implica una enfermedad como el cáncer a mitad de una pandemia.
Ninguna de ellas cuenta con seguridad social, es evidente que, para hacer frente a la pandemia se encuentran desprotegidas. Angélica, como trabajadora del hogar, pertenece al gran porcentaje que no cuenta con esta prestación: en México sólo el 0.9% de trabajadoras de hogar tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Señala que toda su familia se contagió de COVID-19, que tuvieron algunos síntomas y aunque para ella y sus hijos no significó algo de gravedad, su abuelita falleció por el virus, “se lo detectaron ya en lo último, cuando ella estaba agonizando”.
La falta de acceso a las instituciones de seguridad social incrementa los gastos cotidianos de las familias, Velia menciona que cuando se contagiaron de COVID-19, tuvieron que acudir a un médico particular; “desde que entró este gobierno y quitó el seguro popular y no he asistido a ninguna institución pública porque si vas al seguro social y no estás afiliado no te atienden”. Desde antes de la pandemia, y a causa de la desaparición de su hijo, ha tenido graves afectaciones a su salud, además de padecer poliomielitis en una de sus piernas y artritis reumatoide, “a raíz de eso subí diez kilos, por la angustia, la depresión, la ansiedad de que no encontrar yo a mi hijo, y hasta la fecha no lo encuentro”. Aunque ella y su familia han podido acceder a la vacunación contra el virus SarsCov-2, muchos otros problemas de salud aún quedan sin ser atendidos, “necesito un chequeo médico general, que no me lo he podido hacer por la cuestión económica, pues genera mucho gasto y no lo tengo”.
Al igual que Velia, Marisa recurre al servicio de salud particular y agradece que ni ella ni su esposo sean propensos a enfermarse, menciona que cuando tiene que acudir al médico y requiere comprar medicamentos es para atender a su nieto. No obstante, no hay ninguna madre que no señale haber tenido secuelas físicas y psicológicas causadas por la desaparición de sus hijos. “A mí lo que más me causó fue estrés en el cuerpo y en mi estado mental y psicológico” apunta. Ante la falta de seguridad social, ellas absorben todos los gastos que les ha originado la pérdida de un familiar.
Educación – Cuidados – Crianza
Velia, Marisa y Angélica cuidan a sus hijos pequeños y a sus nietas, pues con el confinamiento que impuso la pandemia en México los estudiantes de diferentes niveles educativos tuvieron que permanecer en casa, lo que aumentó el trabajo de cuidados, históricamente asignado a las mujeres. En México, como en muchas partes del mundo, se habla de crisis de los cuidados porque la provisión del cuidado se basa en labores gratuitas, precarias e invisibilizadas, los arreglos para cubrir las necesidades de cuidado son injustos e insatisfactorios. Se trata de un problema público y de desigualdad de género, pues los roles tradicionales de género han naturalizado que sea responsabilidad primordial de las mujeres: del total de horas que se dedican en México a estas labores, 71% son realizadas por mujeres, niñas y adolescentes; por cada hora que aporta un hombre a las actividades de cuidado no remunerado, las mujeres aportan casi tres.
Antes de irse a trabajar, Angélica debe guisar, lavar la ropa, dejar la casa limpia y en las horas en las que se encuentra ausente se apoya de su hija, la que sigue de Yonathan, ahora la “mayorcita” como ella le dice, para cuidar a sus hermanos más pequeños.
Velia es el principal soporte de su hija, quien padece epilepsia y requiere de cuidados y atenciones especiales. La ayuda cuidando a sus nietos.“Estoy al pendiente de su actividad, con que amigos andan o si puedo ir a verlos dos, tres veces a la semana voy cuando son fines de semana o vacaciones los tengo conmigo”. Sus nietos han crecido,
pero eso no impide que germine en ella la angustia por volver a vivir lo que pasó con su hijo Ricardo, “vivo al tanto de ellos para ver sus cuidados porque también tengo la angustia y el miedo que me pase lo mismo, y que se me vayan a perder mis nietos”.
Tanto Velia, como Marisa y Angélica, han sumado a sus gastos el servicio de Internet como un recurso indispensable para sobrellevar la pandemia, ya que deben cubrir la educación de las infancias a su cargo. El nieto de Marisa tiene 5 años y toma clases de preescolar en línea; Angélica ha tenido que contratar internet “para la escuela de los niños”.
A pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado a los Estados agilizar el acceso a servicios de Internet asequibles y equipos técnicos básicos para todos los alumnos, en particular los de las comunidades y regiones más pobres, a fin de que puedan beneficiarse por igual de los programas de aprendizajes en línea, Velia señala que ni el gobierno local ni el gobierno federal les han brindado apoyo para cubrir estos gastos adicionales, además, considera que el nivel educativo de sus nietos se ha visto afectado notoriamente, califica como pésimo el nivel de aprovechamiento que sus nietos han tenido a través de las clases virtuales.
“Siento que mis nietos no captaron. Todo el año fue perdido, no siento que ellos hayan aprendido lo suficiente. El maestro les mandaba toda la clase por la aplicación de mensajería WhatsApp a su papá y él les decía que tareas debían realizar. Entonces, ellos hacían la tarea y el papá les tomaba la foto y las subía al WhatsApp del maestro. Tenían videoconferencias cada ocho días, los viernes con el maestro”.
Velia Aurora García Cruz, madre de Ricardo Adrián García Cruz
Al principio de la pandemia Velia canceló el servicio de Internet a fin de eliminar gastos y dejar dinero libre para cualquier emergencia, sin embargo, se vio en la necesidad de contratar el servicio de nuevo y de recargar constantemente su teléfono para acceder al servicio, ya que toda la información relacionada con la búsqueda de Ricardo le era transmitida por videoconferencias. “Fue difícil costear estos gastos extra, a lo largo de la pandemia he tenido problemas para solventarlos y hasta he tenido que pedir prestado”, menciona.
Desapariciones durante la pandemia
A pesar de que las medidas para mitigar la propagación de la COVID-19 provocaron una fuerte disminución de personas en espacios públicos, desde el inicio de la pandemia las desapariciones continuaron. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las personas sin localizar o desaparecidas pasaron de 1,621 en enero del 2020 a 1,785 en marzo del mismo año, mes en el que se decretó la emergencia sanitaria. Para los siguientes meses las cifras sólo tuvieron una ligera disminución: en abril se reportaron 1,407 casos.
Uno de los casos de desaparición de mujeres durante la pandemia es el de Irma María José Simón Esquivel o «Majo» como le dicen sus amigos y familiares. Desde la noche del 17 de abril de 2020, fecha en la que desapareció en la ciudad de Celaya, Guanajuato, su madre, Juana Marisol Esquivel Castro, no ha cesado con su búsqueda. “Ha sido un viacrucis con la pandemia las autoridades detuvieron las búsquedas, los ministeriales me decían que ellos no se iban a arriesgar en ir a buscar a mi hija”.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, Marisol optó por dejar su trabajo para dedicarse de lleno con la búsqueda de su hija, asumiendo con ello, las consecuencias de ser el principal sustento de su familia, quien además de Majo, está integrada por su hijo y su padre. No cuenta con ningún ingreso adicional y no recibe ningún apoyo económico, cuando menciona el tema de sus ingresos ella responde “vivo de … no sé, pocos trabajos y estiro ese dinero que me cae”.
El costo de esta tragedia se ha manifestado en su salud emocional y física, “sólo me puse a buscar a mi hija se me cayeron los dientes del estrés, perdí la vista, no duermo. Empecé a tomar medicamento, pero lo dejé porque el siquiatra me tenía adormecida 24/7, y no lo podía permitir porque entonces no podía buscar a mi hija”. Marisol ha tenido acceso a terapias de salud mental gracias al apoyo de una psicóloga que se acercó y le ofreció sus servicios sin ningún costo. En su familia no cuentan con seguridad social, por lo que ha tenido que enfrentar la pandemia con sus limitados recursos, con altos niveles de estrés frente a un virus que en cualquier momento puede atacarla a ella o a sus seres queridos.
“Aquí se han presentado muchas desapariciones desde que empezó la pandemia, nunca paró, al contrario, creció y creció”, detalla Araceli Salcedo sobre la desaparición de personas en la zona norte del Estado de Veracruz durante la pandemia. “Hay más de diez fichas que nos solicitaron en apoyo por desaparición en la zona, y de esas personas solamente una fue localizada y de las demás no se sabe nada».
«Las fosas en las que estamos trabajando en Campo Grande, el gobierno no puede decir que es de gobiernos anteriores porque las últimas personas identificadas que entregamos hace semana y media tenían ocho meses de desaparecidas. Todos los cuerpos que hemos localizado ahí en Campo Grande tienen características visibles como tatuajes, cicatrices y todo porque no pasan ni de un año”.
Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez
Personas localizadas en pandemia
Para Guadalupe Luna, madre de Mónica Ruth Rojas Luna, joven que no volvió a su casa un 21 de octubre de 2019 en Tlalnepantla, Estado de México, y que fue localizada sin vida en el mes de noviembre de 2020, la incertidumbre no ha disminuido. Los percances a los que se ha tenido que enfrentar van desde recuperar el cuerpo de su hija hasta encarar a los perpetradores de su desaparición. Todo en medio de la pandemia, que amenaza, en cualquier descuido, arrebatarle a otro ser querido, como a tantas miles de familias que perdieron a sus familiares y amigos por el virus del Sars-CoV-2.
Guadalupe se pregunta constantemente por el trabajo de las autoridades, pues tuvo que recurrir terceros para poder localizar a su hija, “por medio de otras personas nos ayudaron a que nos liberaran su cuerpo porque las instituciones no hacen su trabajo”. Todo este proceso ha significado para ella un daño profundo en su salud, sobre todo en su estado emocional, “es muy bajo porque no doy pie a todo esto, mi refugio ha sido mi trabajo porque de otra forma yo ya me hubiera vuelto loca”, señala.
Durante la pandemia, Guadalupe ha conservado su empleo, aunque ha tenido que disminuir algunos gastos personales mantiene una estabilidad laboral cuenta con seguridad social y, si bien se contagió de COVID-19, ella y su familia pudieron estar acompañadas, pues una de sus familiares es médico especialista en la enfermedad.
Acceso a la justicia
Las experiencias de las mujeres que nos han compartido sus testimonios son diversos y con problemáticas particulares. No obstante, todas ellas concuerdan en lo mismo: su derecho de acceso a la justicia no ha sido garantizado, ni antes ni durante la pandemia. Esto ha tenido un impacto profundo en sus vidas, como expresa Angélica: “Somos nosotras quienes hacemos la búsqueda, somos nosotras quienes los encontramos” porque cuando ocurrió lo de mi hijo, recuerda que las autoridades se acercaban para pedirle información sobre su paradero, “yo digo, oiga pues si usted la autoridad, usted es el que debería salir a buscar, yo estoy aquí para que usted me traiga respuestas, porque para eso a usted le pagan”. Y esa es la realidad, mientras algunos funcionarios cobran por pedirle a las madres que hagan el trabajo que les corresponde, muchas mujeres deben salir a realizar búsquedas con sus propios medios, herramientas e ingreso, eso significa dejar de laborar y dejar de percibir un ingreso, el único que obtienen para mantener a su familia: “Yo tengo que levantar a mis hijos, y si me dicen que tengo que ir a búsqueda, pues también voy, pido permiso unos días en la casa donde trabajo, pero si pido permiso no comen mis hijos, si yo no trabajo, ellos no comen”, concluye Angélica.
La pandemia agudizó esta situación, Marisol se enfrentó a la indolencia de las autoridades, “señora esto no es una novela del señor de los cielos, esto es la vida real y yo no voy a salir a buscar a su hija”, le dijo un ministerial el día que su hija desapareció. Ella se dio cuenta que las búsquedas estaban paralizadas en todos lados, nadie quiere salir a buscar en campo, y esto no es nuevo, solamente que la pandemia les brindó la excusa perfecta para continuar sentados.
La misma situación señala Velia: “de que se vino la pandemia se cancelaron todas las búsquedas, a prisiones estatales, a otros estados, nosotras con la ilusión de buscar a nuestros hijos y se cancelaron esas búsquedas”. Sucedió lo mismo con la investigaciones, Guadalupe señala: “con la pandemia nos encontramos con que cerraron la fiscalía, se cerraron muchísimas cosas que tienen que ver con la localización de las personas desaparecidas y con la violencia (…) no hay jueces, no hay esto, entonces esto implica que todo se detenga” esto impide el acceso a las familias a la verdad para conocer cómo ocurrieron los hechos y que paso con sus seres queridos.
Al Estado mexicano, ellas exigen funcionarios que estén realmente calificados y sean sensibles con esta problemática, que haya una observancia interna y un castigo ejemplar a aquellas autoridades que están coludidas con el crimen organizado, además de gestionar verdaderos apoyos económicos a quienes tienen familiares desaparecidos que faciliten su camino de búsqueda de justicia.
“Lo que siembre se ha solicitado, que realmente haya un compromiso, que haya gente preparada, capacitada para este tema, pero no solamente en el estudio, sino que realmente se implemente esa experiencia en el tema, llámese periciales, búsqueda prevención, porque hace mucha falta este tipo de prevenciones, y la negación del gobierno, decir que no pasa nada con la delincuencia y que no está sucediendo lo mismo que en otros años”.
Araceli Salcedo, coordinadora del Colectivo de Familias Orizaba-Córdoba
Es indudable que las y los familiares de personas desaparecidas, especialmente las mujeres que buscan a sus seres queridos, han resentido ampliamente el impacto de la crisis sanitaria en sus derechos humanos, particularmente, sobre sus derechos económicos, sociales y culturales. A pesar de las carencias que la COVID-19 les ha traído, estas mujeres consideran que el verdadero reto que enfrentan, es el de la parálisis institucional de una burocracia ineficiente acostumbrada a no actuar, no investigar y a no buscar. La pandemia se ha convertido en un desafío para la lucha que mantienen día con día -desde hace muchos años- para encontrar a sus desaparecidos, conocer la verdad de lo que ocurrió y lograr el acceso a la justicia.
“Quien sea que vea, que sean los ojos de todas nosotras, no que nos vean con lástima ni que nos estén revictimizando, solo que sean los ojos de nosotras, porque no es algo aislado, es algo real, verídico, que no es algo que solo está pasando en Cd. Juárez, si no que pasa en todos lados”.
Marisol Esquivel Castro, madre de María José Simón Esquivel
El Estado mexicano tiene una enorme deuda con las familias de personas desaparecidas, es urgente que de una vez por todas, cumpla con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los familiares que buscan incansablemente a sus seres queridos.