BOLETÍN
Bruselas, 1-4 de julio 2022
El pasado 4 de julio, tuvo lugar de manera presencial en Bruselas (Bélgica) el X Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea y México, precedido por el VIII Seminario de la Sociedad Civil en materia de Derechos Humanos, que ocurrió el 1 de julio.
Dicho evento contó con la presencia del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), por parte de la Unión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por parte del Gobierno mexicano, y la participación de numerosas organizaciones de la sociedad civil mexicanas y europeas, que promueven y defienden los derechos humanos en distintos territorios.1
Tanto las autoridades como las organizaciones destacaron la importancia de la celebración del X Diálogo de Alto Nivel y la necesidad de comprometerse para sostener dicho espacio de diálogo,, puesto que en 2021 no se llevó a cabo, lo que supuso una pausa de dos años entre Diálogos, en un contexto complejo derivado de las afectaciones de la pandemia por COVID-19.
Durante el seminario, las organizaciones hicieron recomendaciones a distintas autoridades para transitar hacia un ejercicio efectivo de derechos humanos y democracia, y en este sentido, reiteraron la necesidad de contar durante todo el desarrollo del Seminario de la Sociedad Civil con la presencia de autoridades de las instituciones responsables de implementar las recomendaciones, que cuenten con información actualizada sobre las temáticas problematizadas y tengan capacidad de decisión para llegar a la concreción de acuerdos importantes en materia de derechos humanos.
Por otro lado, las organizaciones mexicanas destacaron la impunidad como eje transversal a la crisis de derechos humanos, así como la criminalización y represión de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colectivas feministas, la militarización, el aumento de las desapariciones de personas y la crisis forense, mientras que las organizaciones europeas subrayaron la nueva normativa europea de debida diligencia y sus preocupaciones en torno a la ratificación del Acuerdo Global UE-México.
Desde las organizaciones de la sociedad civil se destaca positivamente que tanto la Unión Europea como la Cancillería mexicana reconocieron la labor de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y periodistas, como elemento clave para la democracia y el Estado de Derecho.
1 Las organizaciones participantes por el lado mexicano fueron, por orden alfabético: Amnistía Internacional México, Article 19 México, CDH Fray Bartolomé de las Casas, CDH Fray Matías de Córdova, CIMAC, Consorcio Oaxaca, CMDPDH, IDHEAS Litigio Estratégico, IMDHD, INEPPA, REDIM, Red TDT, R3D, SERAPAZ. Por la parte europea, participaron CSW, EU-LAT Network, FIDH, OMCT, PBI, Protection International, Taula per Mexic, TNI.
De igual manera, se reconoce la importancia de la posible visita in situ en 2023 del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, así como el compromiso adquirido por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, de realizar reuniones con autoridades de diferentes niveles de gobierno y distintas instituciones responsables, a fin de trazar una ruta de trabajo para la implementación de las recomendaciones2 ofrecidas a lo largo del Diálogo de Alto Nivel por las organizaciones.
Frente al cierre de canales de comunicación que se ha observado desde las instituciones públicas en años recientes, las organizaciones destacan que como producto de este diálogo haya una disposición propositiva, con recomendaciones, que deberá traducirse en hojas de ruta para su implementación; de ahí que, el monitoreo e implementación de las recomendaciones deberá hacerse efectiva por parte de las instituciones pertinentes de la Unión Europea y el Gobierno mexicano, para garantizar la eficacia de dichos espacios de trabajo, con la participación real de las organizaciones de la sociedad civil así como de las poblaciones afectadas.
Finalmente, las OSC externan su agradecimiento a la Unión Europea para que mediante la representación de 13 organizaciones de la sociedad civil mexicana y 6 europeas se garantice la participación en este encuentro. Reconocemos el compromiso de la Unión Europea por su cooperación en materia de Derechos Humanos en México.
FIRMAS
Amnistía Internacional México
Article 19, México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer A.C.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Consorcio Oaxaca
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
EQUIS Justicia para las Mujeres
IDHEAS Litigio Estratégico A.C.
IMDHD, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C. (INEPPA)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México
Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales
SWEfor, Movimiento Sueco por la Paz
SERAPAZ, Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
SIPAZ, Servicio Internacional para la Paz
2 Véase el anexo con las recomendaciones por temática
ANEXO:
RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES MEXICANAS A LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO DURANTE EL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL
1. Graves violaciones de derechos humanos
- A México: Diseñar una política pública que involucre a las autoridades federales, estatales, fiscalías y poder judicial, que impulse el cumplimiento efectivo de la SCJN sobre la obligatoriedad de las acciones urgentes.
- Aprobar y publicar la versión final de los lineamientos para el cumplimiento de las decisiones y medidas de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado mexicano, que se han trabajado en conjunto con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y diversas organizaciones de la sociedad civil. SEGOB instruya a las dependencias federales y estatales la obligación de cumplir las decisiones internacionales.
- A la Unión Europea: continuar apoyando proyectos que aborden la problemática de las desapariciones forzadas, incluyendo la valoración para su posible caracterización como crímenes de lesa humanidad a la luz de los estándares internacionales.
2. Impunidad, corrupción y acceso a la justicia
- A México: avanzar hacia la erradicación de la impunidad mediante la creación de mecanismos de justicia transicional, fortalecer la independencia y recursos humanos, financieros y técnicos de los actores involucrados en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos (en particular fiscalías y peritos), incluida la asesoría técnica, el reconocimiento e investigación de crímenes de lesa humanidad, la consolidación del sistema penal acusatorio, y la operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
- A la Unión Europea: brindar asistencia técnica y financiera para contribuir a fortalecer mecanismos de prevención, atención a víctimas, investigación, sanción y reparación integral de violaciones a derechos humanos.
3. Estado de Derecho
- A México: establecer controles internos y externos para supervisar a la Guardia Nacional y a otros elementos que realizan tareas de seguridad, asegurando el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de estas tareas y fortaleciendo a las policías civiles.
- A la Unión Europea: brindar asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de la policía civil.
4. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas
- Al Estado Mexicano: impulsar la construcción, diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos para fortalecer al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas que camine hacia una política pública de protección integral (prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral con perspectiva de género y enfoque diferencial).
- A la Unión Europea: Apoyar proyectos, asistencia técnica y programas encaminados a la creación de una política pública integral de protección de personas defensoras y periodistas.
- Pronunciarse públicamente de manera preventiva, no sólo reactiva, y ante la aprobación de reformas que impactan negativamente el ejercicio de estos derechos, así como de cualquier agresión; y también, en la necesidad de investigaciones exhaustivas, expeditas e independientes, con la adecuada aplicación del enfoque diferencial, de derechos humanos y perspectiva de género.
- Solicitar transparencia sobre consultorías en materia de protección a personas defensoras y periodistas para fortalecer la perspectiva de género, tales como la Iniciativa Spotlight.
5. Mujeres y personas migrantes En el tema de derechos de las mujeres:
- Al Estado Mexicano: Impulsar una verdadera política de igualdad sustantiva, que ponga en marcha el Sistema Nacional de Cuidados3, incluyendo programas como refugios, guarderías, etc.
- Impulsar la construcción de políticas públicas integrales4 (coordinación interinstitucional en los 3 niveles de gobierno, presupuesto suficiente5, participación de sociedad civil, rendición de cuentas) para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
- Presentar una ruta de trabajo para fortalecer el Mecanismo de AVGM.
- Reconocer la legitimidad de las protestas de mujeres, y abstenerse de atacar narrativamente, acosar judicialmente y reprimir a las mujeres que protestan contra las violencias basadas en el género.
- Reconocer su responsabilidad en los feminicidios que suceden en el país, aunque sean cometidos por particulares, por las omisiones que comete en la prevención, atención e investigación de las violencias contra las mujeres.
- Realizar investigaciones diligentes, eficientes y con perspectiva de género, así como sancionar administrativa y/o penalmente a las personas servidoras públicas de las Fiscalías, incluyendo a quienes toman decisiones, por las deficiencias en las investigación de las violencias contra las mujeres y feminicidios.
- A la Unión Europea: Implementar sus Directrices sobre Violencia contra las Mujeres, el Plan de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, y apoyar proyectos con rendición de cuentas y evaluación de impacto a nivel nacional para erradicar la violencia contra mujeres. En tema de migración:
- Al Estado Mexicano: Transitar hacia una política de integración social de las personas migrantes y sujetas de protección internacional priorizando la seguridad humana por encima de la seguridad de las fronteras, eliminando en primera instancia las facultades de control y verificación migratoria de la GN.
- Eliminar la detención migratoria como práctica sistemática y garantizar su excepcionalidad.
- La detención migratoria bajo ningún motivo debe ser aplicada a niños, niñas y adolescentes, y en este sentido es necesario fortalecer el sistema de protección a la infancia, en particular los espacios para cuidados de niñas, niños y adolescentes no acompañados. 3 Presentada en el Senado el 30 de noviembre de 2021.
4 Deben incluir un enfoque de prevención, atención, sanción, investigación y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y niñas.
5 Respetando los objetivos del anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”
- Garantizar que los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional y otras autoridades en contra de personas migrantes, sean investigados y juzgados por tribunales civiles, atendiendo a un enfoque diferencial del ejercicio de derechos.
- Garantizar mecanismos de observación, monitoreo y participación de la sociedad civil organizada en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a la atención de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, así como el derecho a defender derechos.
- A la Unión Europea: Fortalecer la cooperación técnica para el diseño de políticas públicas que garanticen la integración y ejercicio pleno de derechos de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y contribuyan a reforzar los sistemas de protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
6. Pueblos indígenas, niñez y adolescencias, población LGBTIQ En temas de pueblos indígenas:
- México: Respetar y proteger el derecho a la libre determinación, a la tierra, el territorio de los pueblos, el derecho al agua y a la alimentación, a la salud, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas. Recomendamos se agilice el proceso para la promulgación de las leyes en materia de consulta y desplazamiento forzado referidas, así como presentar la Reforma Constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas al Congreso en el mes de septiembre.
- Unión Europea: se le ha pedido asegurar que las empresas europeas que invierten en México cumplan con los estándares internacionales sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas. En temas de niñez y adolescencia:
- Al Gobierno Mexicano: conservar el SIPINNA como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el nivel y la estructura orgánica que actualmente tiene, ya que la elaboración de políticas dirigidas a la infancia requiere de una visión multisectorial que involucre a distintas autoridades y órdenes de gobierno de manera coordinada, y eso solo se puede llevar a cabo con la estructura actual.
- A la Unión Europea: respaldar públicamente el trabajo del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), apoyando proyectos y asistencia encaminada a fortalecer la institucionalidad en materia de infancia y adolescencia. En temas de población LGBTIQ:
- Estado Mexicano: En relación a los derechos de las personas LGBTI, hemos recomendado que el Estado Mexicano impulse el cumplimiento de las recomendaciones del EPU 2018 a través de acciones para eliminar la violencia en su contra.
- Unión Europea: Hemos recomendado finalmente a las Embajadas de los países de la UE apoyar a las organizaciones de defensa de derechos LGBTI y establecer mecanismos de monitoreo y vigilancia.
7. Empresas y derechos humanos
México desarrollar una ley de diligencia debida en derechos humanos y ambientales para las
actividades empresariales y desarrolle una política de Estado sobre empresas y derechos humanos bajo los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y el Comentario
General 24 del CDESC de la ONU, con participación efectiva de los grupos y comunidades impactadas negativamente, y que asegure mecanismos de reparación integral en caso de daños. También para ello es necesario ratificar el protocolo facultativo del PIDESC y consultar efectivamente a la sociedad civil para la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea previo a su ratificación, dentro de un Estado democrático y donde se garantice una mejor manera de hacer negocios respetando y garantizando los DDHH y el medio ambiente sano.
- Unión Europea: Establecer normas vinculantes para las empresas transnacionales en el ámbito de los derechos humanos, abrir espacio para la participación de la sociedad civil mexicana en el desarrollo, implementación y monitoreo de regulación sobre debida diligencia y detener las obras financiadas con recursos europeos que no han realizado evaluaciones de impacto en derechos humanos, ambientales, consentimiento y consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, hasta que éstas se lleven a cabo, se reparen los daños actuales y se aborden los potenciales, así como cancelar las obras que causaron daños irreversibles a la vida de personas defensoras y periodistas, al medio ambiente y a otros derechos humanos.
8. Nuevas tecnologías
A México: prohibir el despliegue de sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial en
el espacio público; adherirse a la moratoria en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia; esclarecer los hechos de vigilancia ilegal que han sido documentados y sancionar a los responsables; y llevar a cabo las reformas necesarias para asegurar que la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia se encuentre apegada a los estándares de derechos humanos.
A la Unión Europea: brindar asistencia técnica y financiera para el desarrollo de una regulación adecuada de la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia que garantice la rendición de cuentas y para la modernización de la legislación de protección de datos personales en México.